La Xunta anuncia un bono antidesahucios de 150 euros al mes para pagar alquileres

m. ch. SANTIAGO / LA VOZ

ECONOMÍA

Usará cien pisos prestados por el banco malo para arrendamientos sociales

13 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

El Gobierno autónomo aprobó en su reunión semanal de ayer el primer plan de vivienda que elabora de manera integral. Concebido para su aplicación durante el período 2015-2020, según la Xunta, movilizará unos 600 millones de euros, de los cuales la Administración autonómica aportará 306,93. Dicha inversión beneficiará de manera directa, de acuerdo con cálculos institucionales, a 152.070 personas y contribuirá al sostenimiento de 26.500 puestos de trabajo. Si bien retocadas y mejor dotadas presupuestariamente, el programa incluye tanto medidas que ya se encontraban en marcha como otras novedosas: el uso de pisos del banco malo (la Sareb) para alquileres sociales, la implantación de un «bono alugueiro» para familias en apuros... Pendiente de posterior desarrollo a través de un decreto, de órdenes de ayudas y de convenios con concellos y otras instituciones donde se fijarán requisitos de percepción y plazos de cobro, la iniciativa se estructura en cuatro ejes: acceso a la vivienda, rehabilitación, prevención de la exclusión residencial y otras actuaciones.

Acceso a la vivienda

107,5 millones y 39.321 beneficiarios. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) cederá temporalmente a la Xunta cien pisos para que esta última los emplee para ofrecer alquileres de bajo coste «para a poboación con especiais dificultades económicas». Además, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) «flexibilizará» el registro de demandantes de residencia, por ejemplo, favoreciendo la rotación de inquilinos en función de circunstancias personales y adaptando los precios a la evolución de los ingresos de los alojados. El mismo organismo facilitará la obtención de financiación para promociones públicas y de protección autonómica. Asimismo, con tarifas por debajo de las del mercado, permitirá a adjudicatarios de antiguas casas concedidas en régimen de arrendamiento que las compren.

PACO RODRÍGUEZ

Rehabilitación

133,82 millones y 84.018 beneficiarios. El IGVS incrementará sus subsidios para la recuperación de viviendas situadas en conjuntos históricos, en el medio rural y en el entorno del Camino de Santiago, así como las específicas para rematar fachadas de unifamiliares. En paralelo, adquirirá inmuebles abandonados, los arreglará y luego los arrendará. Además, mantendrá las actuales áreas de rehabilitación integral y sumará nuevas a la lista. Por último, concederá apoyos para obras de mejora a comunidades de propietarios de residencias de promoción pública.

Exclusión residencial 

3,6 millones y 28.731 beneficiarios. Pensada para «persoas que requiren unha especial atención e un acompañamentos social», la Xunta creará una red de casas de inserción. Reorientará y potenciará su programa de realojamiento de afectados por ejecuciones hipotecarias. Lanzará un plan para reparar infraviviendas no urbanas en concellos de menos de cinco mil habitantes. Y creará una especie de bono antidesahucio: una paga temporal de 150 euros mensuales para que puedan abonar sus alquileres aquellos que, víctimas de «unha emerxencia puntual», no se encuentren en disposición de afrontar los recibos. En este último caso, serán los servicios sociales de los ayuntamientos los encargados de decidir a quién procede auxiliar.

Otras medidas

2,01 millones. En el plano normativo, entre otras cosas, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas hará un decreto de desarrollo de todas estas actuaciones, regulará el registro de promotores de la comunidad y pondrá en marcha un aplicación de gestión y recaudación de su patrimonio inmobiliario.

Industria rebaja los requisitos del tique eléctrico y lo amplía tras el fracaso del modelo

El tique eléctrico, la ayuda autonómica de 90 a 120 euros anuales implantada en mayo pasado para que familias con ingresos inferiores a 533 al mes pudiesen pagar el recibo energético ha fracasado: de 15.000 potenciales beneficiarios, apenas 400 la han recibido. Por eso, sin reconocer explícitamente el tropiezo, el Consello de la Xunta reformó ayer el sistema. En adelante, el cobro de dicho subsidio podrá simultanearse con el de la renta de integración social (risga) y tendrán derecho a recibirlo aquellos hogares donde mensualmente entren menos de 800 euros. De modo que los posibles amparados por el mismo ascenderán hasta los 40.000. Además, su cuantía subirá hasta los 180 euros al año para familias con dos o menos hijos al cargo y hasta los 300 en el caso de las numerosas. Paralelamente, la Administración eliminará trámites burocráticos que antes exigía a los solicitantes, «co fin de chegar ao mesmo número de persoas posibles».

A la par que aprobaba estas modificaciones, el Ejecutivo dio luz verde inicial a otro programa en el ámbito social: uno mixto de «axuda ás familias e para a revitalización demográfica». Consistente en 177 medidas y aún pendiente de ratificación dentro de tres meses, aproximadamente, el plan incluye iniciativas como abrir guarderías en entornos empresariales, crear un registro de hogares monoparentales con beneficios específicos para ellos y rebajar los precios públicos para colectivos con problemas económicos o en riesgo de exclusión.