Multa histórica a las grandes empresas de servicios por actuar como un cartel
ECONOMÍA
Competencia las sanciona con casi 100 millones por pactar precios, repartirse el mercado y clientes, privados y públicos
27 ene 2015 . Actualizado a las 10:12 h.La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acaba de dar un severo golpe a las grandes empresas de servicios en España imponiéndoles, junto a otras pequeñas sociedades, una multa de casi 100 millones de euros (98,2 en concreto). Es una de las tres mayores sanciones impuestas por este organismo de control en su historia. Entre los multados están gigantes como Ferrovial, FCC, Cespa, Valoriza (filial de Sacyr) y Urbaser (filial de ACS). A esta última, presidida por Florentino Pérez, le asesta el mayor golpe: 23,2 millones. Por Urbaser y por otra de sus filiales, Sertego.
En total, la sanción se reparte entre 42 sociedades a las que se acusa, en definitiva, de actuar como un cartel. Según la resolución, se detectó que entre ellas había acuerdos para el reparto del mercado, respetando los clientes que ya tenía adjudicado cada uno de ellos, distribuyendo los nuevos e intercambiando información sensible sobre cada uno de los contratistas. Especialmente grave era la práctica con Administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Madrid o el de Sevilla, donde los ponentes constatan que hubo prácticas monopolísticas. Y revelan que en el caso de licitaciones públicas de contratos, estas relevantes sociedades se repartían el pastel «a través de la presentación de ofertas conjuntas con una unión temporal de empresas, o no concurriendo a cambio de la subcontratación de servicios». A su vez, Competencia dice que se sirvieron de asociaciones sectoriales para coordinarse.
Las prácticas ahora denunciadas abarcan la gestión de residuos industriales de todo tipo, la recuperación de papel y cartón, y servicios urbanos integrales (incluyendo la gestión de residuos sólidos, la limpieza, el mantenimiento de zonas verdes o el saneamiento de aguas). Y en todos se detectan irregularidades. Pactos de no agresión entre ellos, reparto de clientes, precios, o incluso boicot en concursos públicos frente a las Administraciones en las que se habían producido impagos.
La extensa documentación recoge casos por prácticamente toda España. Quedan fuera de estas prácticas solo las comunidades insulares, Asturias, Cantabria o Extremadura
Galicia, al margen
Tampoco constan investigaciones por contratos firmados en Galicia, aunque las grandes corporaciones (ACS, Ferrovial o Sacyr) tienen jugosas adjudicaciones, por ejemplo en los grandes concellos.
Las prácticas denunciadas abarcan contratos desde el año 1999 y llegan hasta el pasado ejercicio. Es, como dice Competencia, «una infracción única y continuada». Y recuerda que «cualquier persona o empresa que se considere afectada por estas prácticas puede presentar una demanda de daños y perjuicios en los tribunales».