Añón asegura ante el juez del caso NCG: «Nosotros hacemos inversiones, no suicidios»

Sofía Vázquez
Sofía Vázquez REDACCIÓN

ECONOMÍA

El empresario asegura que desconocía la mala situación de la entidad, en la que invirtió 25 millones que perdió tras la operación acordeón ejecutada por el FROB

22 ene 2015 . Actualizado a las 13:51 h.

Acaba de terminar en A Coruña la primera sesión del juicio de Hierros Añón contra el FROB y NCG Banco. El empresario gallego Manuel Añón, que vio cómo se esfumaron los 25 millones que había invertido en el proceso de privatización de la entidad después de una operación acordeón, reveló que nunca se le facilitaron datos relevantes como la obligación de llevar a cabo un ajuste de 948 millones de euros. «Si lo supiera, ¿usted habría invertido?», le preguntó su abogado. «No. Nosotros hacemos inversiones, no suicidios», contestó con contundencia.

Destacó que el banco estaba auditado por BDO, tras un encargo del Banco de España, y su dueño era el FROB, con el 93 % del capital, «y con el 93 % mandas en una empresa». Añadió que José María Castellano, presidente de NCG en ese momento, fue con el que mantuvo reuniones para abordar la inversión, que estudió su equipo de expertos, pero siempre sobre la base de que, tras la entrada de capital público, la entidad estaba totalmente saneada, que era la información que le transmitía el primer ejecutivo de la entidad.

Tanto la abogada del Estado, que representa al FROB, como el letrado que representa a NCG hicieron preguntas mucho más técnicas y también otras con las que intentaban demostrar que el emprresario había mantenido un enfrentamiento con el banco y que, en el momento que se estaba analizando la posibilidad de inversión, las relaciones no eran demasiado buenas.

Manuel Añón, con un lenguaje alejado de cualquier tecnicismo, negó la mayor. Explicó que él era un cliente preferente de la entidad, con la que mantenía diferencias por la inversion realizada de cien millones en Corporación Financiera Caixa Galicia, que fue a un laudo arbitral y de la que se le reintegraron 75 millones. Invirtió 25 en la privatización y el resto, y «mucho más dinero» siguió depositado en la entidad, porque una cuestión es una diferencia en una inversión y otra su relación.

Uno de los momentos más llamativos tuvo lugar cuando el empresario negó lo que momentos antes había declarado el responsable jurídico de la entidad, Eduardo Álvarez. «Yo sí que estuve en las dos reuniones que se mantuvieron en Santiago con los posibles compradores. Estaba sentado enfrente de Castellano, e incluso puedo decirle el menú», subrayó Añón, a lo que la abogada del Estado solo dijo que en la documentación aportada no constaba y que era palabra contra palabra.