Su finalidad era la de obtener información de sus proveedores de servicios y analizar si es o no correcta la tributación de los mismos
22 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Paralelamente a la novedad de informar sobre las operaciones con terceros, el año pasado se incluyó un nuevo programa sobre comunidades de propietarios, dentro del plan general de actuaciones presenciales para el control de la economía sumergida, o lo que es lo mismo, dentro de las inspecciones sobre el terreno.
Ese plan, según los últimos datos facilitados por la Agencia Tributaria, llevó a que en el 2013 (único dato disponible) se realizaran más de un millar de inspecciones, concretamente 1.152 actuaciones, con la finalidad de obtener, a través de dichas comunidades, información de sus proveedores de servicios y analizar si es o no correcta la tributación de los mismos.
La lucha contra el fraude está dando algunos resultados. En el primer semestre del 2014, Hacienda recaudó más de 5.500 millones de euros procedentes de esta vía, cuantía que el ministro Cristóbal Montoro calificó en su día de «histórica». A falta de cerrar el último ejercicio, los años anteriores el fisco recuperó para las arcas públicas 11.517 millones de euros en el 2012; y algo menos, 10.950 millones, en el 2013. Es decir, en ambos casos la cuantía estuvo en el entorno de un punto del PIB.
La tendencia, aseguró en su momento Montoro, es que la recaudación procedente de las medidas antifraude siga al alza.
Cabe recordar que el Ejecutivo aprobó en el 2012 una batería de actuaciones para hacer aflorar tributación oculta. Entre dichas medidas estaba, por ejemplo, fijar en 2.500 euros el límite para realizar pagos en efectivo entre particulares o con empresas o entidades financieras, para poner coto a los cobros en negro, so pena de una multa por el 25 % del importe, a pagar de forma solidaria entre las partes.
También se han adoptado medidas en la reforma fiscal para ir reduciendo el uso del régimen de módulos, tradicionalmente considerado un nicho de fraude.