Guerra en el frío por la merluza negra

El avistamiento de tres barcos supuestamente gallegos faenando de forma ilegal en el Antártico evidencia que el mercado negro del «toothfish» sigue siendo un buen negocio para los piratas


redacción / la voz

La retirada de la HMNZS Wellington evitó que esta semana estallase esa guerra en el frío antártico por la que clamaban los ecologistas y mismo los partidos de la oposición, que azuzaban al Gobierno de Nueva Zelanda a dar orden de usar los cañones y ametralladoras de la patrullera para intimidar al Kunlun, el Yongding y el Songhua, a los que sorprendieron pescando ilegalmente en aguas de la Antártida. Unos piratas -que podrían ser gallegos- que se negaron a dar entrada a los inspectores neozelandeses, a pesar de que estos tenían permiso de Guinea Ecuatorial, país que daba bandera a los tres, para comprobar la licitud de sus operaciones. Frustrado por haber tenido a un tiro de piedra a los ilegales y no haber podido hacer nada, el Gobierno de Nueva Zelanda ha lanzado una lucha sin cuartel en el plano diplomático. Y de trasfondo, una evidencia: pescar merluza negra, el toothfish, en el océano austral sigue siendo un lucrativo negocio para aquellos que no observan las normas.

¿Se puede pescar merluza negra en la Antártida?

Sí, aunque la pesquería está muy limitada. Hay zonas, como el banco de Banzare, en las que la cuota es cero. En España tiene licencia para faenar en aguas antárticas un barco, el Tronio, del Grupo Regal, de Celeiro.

¿Hay muchos piratas faenando en el Antártico?

Ya hubo más de los que hay. Si hace años se contaban por decenas el número de embarcaciones que operaban sin licencia o sin observar las normas, hoy el problema se ha reducido y actúan en el área de la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de la Antártida (CCAMLR) en torno a media docena de barcos, apuntan fuentes del sector consultadas. Eso no quita que la pesca ilegal siga siendo una lacra importante, que inflige un daño incalculable al ecosistema antártico y supone una amenaza para la sostenibilidad.

¿En qué consisten las irregularidades?

Son muchas y muy variadas. Primero, que operan sin disponer de licencia y, en ocasiones, como es el caso de los interceptados en las últimas semanas, pescan en zona prohibida, donde la cuota de merluza negra es cero. No observan ninguna de las severas restricciones y normas que se imponen a las embarcaciones que faenan legalmente y, además, emplean aparejos cuyo uso está expresamente prohibido en esa área. Porque los piratas también han tenido que adaptarse a la par que se estrechaba el cerco sobre ellos. Si antes capturaban la especie con palangre, se han pasado al rasco, que les proporciona mayor libertad y autonomía en las mareas, dado que no necesitan usar carnada. Este aparejo está prohibido por CCAMLR, la organización que gestiona esas aguas, desde el 2006.

¿Son gallegos los barcos avistados?

Los tres últimos barcos interceptados llevan bandera de Guinea Ecuatorial, aunque ese país lo niega. Dos de ellos figuran a nombre de una sociedad panameña y el tercero, el Songhua, al de otra con sede en Belice. Sin embargo, las autoridades neozelandesas sospechan que son empresas pantalla tras las que estaría Vidal Armadores, una compañía de Ribeira que ya ha afrontado varias causas por pesca ilegal en distintos países, aunque de algunas, como la que se celebró en Australia contra el Viarsa -que protagonizó la persecución en caliente más larga de la historia-, salió absuelto porque no se pudo demostrar la irregularidad de las capturas. Las tres embarcaciones han cambiado de bandera más de media docena de veces y de nombre en más de diez ocasiones. Además, el Songhua es el antiguo Paloma V, que pertenecía en el 2008 a Vidal Armadores.

¿Es tan lucrativo el negocio del «toothfish»?

Debe serlo a la vista de los riesgos que asumen los armadores del barco. Hay que tener en cuenta que la pesca de merluza negra se realiza en aguas de la Antártida, donde a pesar de que ahora mismo se está en pleno verano austral, las condiciones climáticas son extremas y el puerto más cercano está a 7 u 8 días de navegación. El kilo de esta especie se paga a unos 15 dólares (13 euros), aunque fuentes de los pescadores legales aseguran que las capturas en negro se pagan más baratas, entre 4 y 5 dólares (3,5 y 4,3 euros), dado que no disponen del documento de control de capturas (DCD) que exigen los mercados legales de EE.?UU. y Japón, sus principales consumidores. Una diferencia de precio que compensan extrayendo más cantidad de pescado. Además, los costes de explotación de estos buques piratas son menores que los de aquellos que tienen licencia, sometidos a múltiples exigencias, medidas de seguridad y estrictos controles.

¿Llegan al mercado las capturas en negro?

Sí, aunque cada vez lo tienen más difícil. La exigencia de disponer del DCD ha obligado a los piratas a aguzar el ingenio y buscar fórmulas para hacer llegar al mercado sus capturas. Descargas en mercantes, en muelles privados o hacer pasar la mercancía por otra especie son algunas de las trampas constatadas. A juicio de los pescadores legales, la alerta que Nueva Zelanda ha lanzado para cerrar los puertos complicará el acceso del pescado, aunque admiten que siempre hay países, como Indonesia, Singapur o Mauricio, en los que los controles son más laxos que, por ejemplo, en EE.?UU., donde se exigen incluso registros del sistema de posicionamiento por satélite para saber si se capturó en zona permitida.

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