Hacienda inicia en Galicia la séptima oleada de inspecciones del año, que alcanza ya a 99 concellos, para localizar inmuebles que no estén regularizados
23 dic 2014 . Actualizado a las 18:33 h.Por todos los medios. El Catastro arrancó este año peinando el país para detectar inmuebles sin declarar. Ampliaciones, rehabilitaciones y todo tipo de obras encubiertas por las que no se tributa, aunque debería hacerse. Y su empeño no ceja. El plan, que arrancó el pasado enero y tendrá una duración de cuatro años (hasta el 2016), acaba de arrancar su séptima ventana. La séptima oleada de inspecciones en municipios de Galicia arrancó hace apenas unos días. Por ello desde el Ministerio de Hacienda insisten en que aún no hay datos cerrados sobre cómo está resultando, subrayando que el programa solo persigue la regularización de inmuebles y no tiene afán recaudatorio.
«Este procedimiento excluye la aplicación de las sanciones catastrales por incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes del alta o modificación de los mismos ante el Catastro. Únicamente se ha establecido una tasa de 60 euros por inmueble objeto de regularización que debe abonar su titular y que tiene por objeto financiar el desarrollo del propio plan. Es decir, es un plan que se autofinancia», indican las mismas fuentes oficiales.
En cualquier caso, hasta la fecha prácticamente un centenar de municipios de Galicia han solicitado a la dirección general del Catastro su interés en la regularización de inmuebles. En el conjunto del país, según los datos de Hacienda, son ya más de 3.000 -3.070 concretamente- quienes lo han hecho. «No se trata de un procedimiento de valoración al uso, sino de un procedimiento de lucha contra el fraude para aflorar inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de los inmuebles correctamente declarados», subrayan fuentes del ministerio.
Para aflorar dichos inmuebles la administración se sirve de todas las fórmulas a su alcance: desde inspecciones in situ a las propiedades hasta fotos aéreas o imágenes de satélite. Todo vale para cotejar que lo declarado sobre el papel no coincide exactamente con lo existente.
De entrada, 60 euros
Y cuando ese caso se da, la inspección concluye reclamando una tasa única de 60 euros, que se suma al IBI de los últimos cuatro años (los no prescritos) en los que debía haberse declarado pero no se hizo, más los intereses correspondientes en caso de que la reforma tenga cuatro años o más. Se calcula que el Catastro reclama regularizaciones a unos 20.000 contribuyentes en Galicia por inmuebles y reformas que no habían declarado.
En la provincia de Pontevedra hay un total de 26 municipios inmersos en el plan de regularización: De O Grove a A Guarda, Marín, Mondariz, O Rosal, Soutomaior, Baiona, Cangas, A Cañiza o Caldas.
Otros 36 (Laracha, Cabanas, Carnota, Sada, Ares, Culleredo, Fene, Valdoviño, Mugardos, Cariño, Corcubión, Frades, Melide, Malpica, Teo, As Pontes, Ponteceso, Ortigueira o Ribeira entre los principales) se suman en la provincia de A Coruña, mientras que en el caso de Ourense son 19, entre ellos Xinzo de Limia, Verín, Lobeira, Pereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas, Arnoia o A Merca. Hasta el momento cierran el listado de concellos en fase de regularización catastral 18 municipios de la provincia de Lugo: Barreiros, Folgoso do Courel, Láncara, Pantón, A Pobra do Brollón. Quiroga, Sober, Vilalba. Chantada, Valadouro, Viveiro, Lugo, Friol, Baralla, As Nogais, Xermade, Lourenzá y Pastoriza.
Controles habituales
Pese a que a los contribuyentes les resulte llamativo el uso de fotografías aéreas o imágenes de satélite para controlar que los inmuebles que declara se ajustan a la realidad, desde Hacienda explican que se trata de «procedimientos habituales, no es nada extraordinario», y se suman a «visitas sobre el terreno, el trabajo de campo».
Indican, además, que es un procedimiento muy «garantista», que se inicia con un informe que se notifica al contribuyente por correo certificado, con una «propuesta de regularización», que implicará el pago de la tasa de 60 euros por la apertura del expediente. A ello se suma un aumento del calor catastral y el correspondiente incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El contribuyente tiene un plazo para presentar alegaciones en caso de que discrepe.