Castellano: el FROB ofreció un pacto con los inversores al primer fallo judicial, «y van 2»

Los empresarios habían ofrecido al Fondo estatal un arbitraje con el fin de evitar la judicialización del conflicto con NCG


redacción / la voz

El que fuera presidente de NCG Banco, José María Castellano, confirmó su intención de tratar con los responsables del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) la situación que se abre tras las dos sentencias dictadas -hasta ahora- a favor de los empresarios gallegos que invirtieron en la privatización del banco. El ejecutivo gallego recuerda que cuando se desató el conflicto que ahora se encuentra en vía judicial, los responsables del FROB aseguraron que «cuando hubiera una sentencia a favor, se arreglaría». Llegó el momento porque «no hay una, ya son dos», subrayó José María Castellano en declaraciones a este periódico.

Tampoco descarta acudir a los tribunales para defender su propia posición como inversor. Y es que de la veintena de empresarios y hombres de negocios que apostaron por un proyecto independiente para NCG, solo él, con un millón de euros, y César González-Bueno, que había sido consejero delegado, con 500.000, decidieron no presentar ninguna demanda ni contra el FROB ni contra el banco.

Entiende Castellano que el tiempo dio a conocer que el banco tenía un déficit de 14.000 millones de euros, que fueron reconocidos por la institución que depende del Estado «en el final del proceso». Nunca antes.

Desde que los inversores gallegos entraron en el capital del banco -momento en el que comenzaron a conocerse los problemas-, hasta que vieron cómo perdían su dinero hubo un proceso de negociación con los responsables del fondo de reestructuración, que concluyó sin éxito. Los empresarios llegaron a proponerle un arbitraje a fin de evitar el pleito, y tampoco obtuvieron ninguna respuesta positiva, pese a que ellos nunca recapitalizaron el banco, sino que pagaron al FROB el precio de las acciones, como quedó dicho en el juicio: «Vino un representante del Fondo desde Madrid (Mariano Herrera) y se marchó con un cheque de 70 millones». La situación ha cambiado esta semana con las dos sentencias emitidas por Marta Canales Gantes, magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña. Falló a favor de Gadisa, Inveravante, Poliships, y otros tres empresarios, a los que el FROB tiene que abonarles las cantidades invertidas (en total 18,5 millones de euros), porque entiende que existe dolo en la actuación. La jueza explicó en sus dos fallos que ni el FROB ni el banco informaron a los inversores cuál era el estado de la entidad, que se vio obligada a hacer frente a un ajuste de 1.000 millones y a una nueva normativa de provisiones millonarias.

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