Las elecciones en la CEOE abren otra brecha en la patronal gallega

Alvariño apoyará la candidatura de Rosell, y Fontenla, la de Garamendi


Santiago / La Voz

Las próximas elecciones de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que tendrán lugar el 17 de diciembre y en la que concurrirán Juan Rosell -actual presidente- y Antonio Garamendi -su homólogo de Cepyme-, volverán a evidenciar la profunda división interna que existe en la patronal gallega. Al vigués José Manuel Fernández Alvariño, al mando ahora de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), le habría gustado que la organización escenificase la unidad con una apuesta conjunta en el proceso, pero consciente de la brecha, ha optado por promover la libertad de voto. Pontevedra y Ourense, se decantarían por brindar su apoyo a la candidatura de Juan Rosell, mientras que A Coruña, liderada por Antonio Fontenla, dará su respaldo a Garamendi. La incógnita se sitúa ahora en Lugo, provincia que en las pasadas elecciones de la CEG dio su apoyo a Alvariño, aunque todo hace indicar que, en esta ocasión, estarían del lado de los empresarios coruñeses.

En la apuesta de Fontenla no solo influye la necesidad de marcar una distancia con el líder de los empresarios de Pontevedra sino su valoración negativa sobre la gestión de Rosell al frente de la CEOE. Con todo, preguntado ayer al respecto, el constructor coruñés se mostró muy cauto. «Nosotros estamos pendientes ahora de recibir a los dos candidatos en Galicia y escucharlos, pero yo creo que no va a haber unidad en la CEG», aseguró.

Guerra constante

Desde que en julio del 2013 Alvariño accedió a la presidencia, la guerra con su antecesor ha sido una constante. El pasado verano, por vez primera en 33 años, A Coruña y Lugo se unieron para tumbar los presupuestos. Y a finales septiembre, el empresario vigués rompía su silencio y acusaba a Fontenla de haber dejado en las cuentas de la patronal unos gastos sin justificar de 800.000 euros. Un desfase que tendría que ver con el convenio firmado por la Xunta y la patronal en el 2010 para cederle a los empresarios, por 13 millones, la gestión del apoyo a firmas exportadoras. Fontenla siempre negó ese despilfarro y siendo presidente ordenó recurrir la reclamación de la Xunta, pero Alvariño retiró después los recursos.

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