Los empresarios gallegos aseguran que confiaron en la información del FROB y del Banco de España para invertir en NCG

Cientos de folios se agolpaban encima de la mesa de la jueza que lleva en A Coruña una de las causas que enfrentan a un grupo de empresarios gallegos contra el FROB, por considerarse engañados en una inversión de 70 millones, que se esfumó tras la operación acordeón ordenada por el fondo de reestructuración. Ayer comparecieron José María Rivera (Hijos de Rivera), Roberto Díaz Rincón (Grupo Cable e Invertaresa), Luis Somoza (Grupo Súbel), Jesús Alonso (Jealsa), Álvarez de Mon (Concable), José Javier Bobillo (en representación de Coren) y José Luis Suárez (Copasa), y por parte de la entidad Eduardo Álvarez-Naveiro. Este se remitió a las actas que constan en los autos para responder a la mayoría de las preguntas que le hicieron, aunque subrayó en varias ocasiones que fue el presidente de NCG en aquel momento, José María Castellano, el que lideró el proceso de captación de inversores.

Los empresarios mantuvieron un mismo hilo argumentario: en el momento de realizar la inversión ellos disponían de una información auditada, validada y refrendada por el Banco de España y por el FROB. Entendían, por lo tanto, que ningún otro trabajo auditor podía ser más fiable. Pero es que además el vendedor tampoco les había invitado o indicado que entrasen en la entidad e hiciesen una due diligence.

Tanto Díaz Rincón como José María Rivera, Álvarez de Mon y José Luis Suárez aseveraron que con la documentación de la que disponían entendieron que el banco era solvente, estaba recapitalizado y era viable, y que acudían a una privatización de una empresa pública. «Si no podemos creer en el Banco de España y en el FROB nos tendríamos que ir del país», subrayó el presidente de Invertaresa, quien añadió: «Se nos ha vendido un coche que estaba embargado y que no es nuestro». Respondía así a las preguntas de la abogada del Estado que insistía en una cláusula del contrato en la que, en términos generales, especificaba que los empresarios compraban libremente las acciones de NCG y sin que pudieran reclamar nada al vendedor, que quedaba libre de responsabilidad.

Los inversores advirtieron que no eran conocedores del cambio en el asiento de fusión de Caixa Galicia y Caixanova, que conllevó un ajuste de mil millones y, un menor valor de la entidad El ajuste se produjo en marzo del 2012 y los inversores entraron en enero de ese año. Advirtieron que tampoco sabían nada de la reunión que había mantenido el Banco de España, el FROB con el consejero delegado de la entidad, González Bueno, el 16 de enero del 2012, dos días laborables después de entrar los inversores, y en la que se dio la recomendación de que se estimara el efecto del gran rescate bancario. La abogada del Estado quiso demostrar que los empresarios compraron libremente y al mismo precio que el fondo. Ellos asintieron, aunque matizaron que pagaron un interés anual del 12,5 %, y le recordaron que ellos le compraron al FROB. «Vino un representante a Galicia recogió el cheque y se lo llevó a Madrid», subrayaron. La representante del Estado diferenció las acciones del FROB de las llevadas a cabo por Castellano y González-Bueno, pero otro empresario le contestó que si «un señor nos vende acciones de NCG y el capital está en un 93?% en manos del FROB, entiendo que me vende el FROB».

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