Los desempleados desprotegidos baten el récord con 176.790 personas
10 nov 2014 . Actualizado a las 11:13 h.La tímida recuperación económica, cimentada sobre la proliferación de autónomos y sobre la generación de empleo precario y a tiempo parcial, apenas ha tenido efectos de mejora sobre la deteriorada salud del mercado laboral. Un chequeo rápido, a través de la última encuesta de población activa (EPA), sigue trazando un escenario socialmente devastador. Galicia contabiliza ya 82.928 parados que llevan dos o más años sin trabajo y sin cobrar ningún tipo de prestación. Una cifra que equivale a un tercio del total de personas que están sin empleo en la comunidad, lo que explicaría la generalización del malestar social y el creciente número de familias que están en grave riesgo de exclusión social. Si se analiza el número de parados que llevan más de un año sin trabajo y sin cobertura, la cifra se eleva hasta las 116.000 personas. Y si se contabiliza el total de personas sin prestaciones, según los datos de la EPA del tercer trimestre del 2014, el número alcanza las 176.790 personas, el récord de la crisis y que suponen cien mil parados desprotegidos más de los que había en septiembre del 2008.
Expectativas
Mientras el Gobierno central confía en que la recuperación económica y del mercado de trabajo permita, poco a poco, reducir estas vergonzantes bolsas de exclusión social sin parangón en otros países europeos, la radiografía de la EPA entre julio y septiembre, el método homologado por Eurostat, da cuenta de algunas mejoras cuantitativas, pero que son irrelevantes para reconducir la situación. En Galicia y en España, el grueso de parados desprotegidos alcanzan sus cifras más altas. Desempleados que hace dos y tres años se vieron empujados por la crisis a las oficinas de empleo han agotado ya su período legal para recibir la prestación. Eso es lo que explica que el Estado, solo este año, se vaya a ahorrar varios miles de millones de euros en subsidios.
Un informe elaborado por Enrique Negueruela, técnico de Empleo, revela que los Presupuestos del Estado para el 2015 retiran 5.648 millones de euros para políticas de empleo, un 36 % de los fondos que se destinaban en el 2011.
«Desde la reforma laboral hay un millón y medio de parados más en España y ahora el Gobierno reduce la aportación estatal para prestaciones de desempleo y políticas activas con el único objetivo de que casen las cifras del déficit y bajar impuestos», sostiene Negueruela.
A finales del pasado mes de octubre, el Consejo Económico y Social (CES), organismo consultivo de la Administración central, hizo público un documento en el que reclamaba al Ejecutivo de Mariano Rajoy un plan estratégico para los parados mayores de 45 años. Desde el inicio de la crisis, el número de desempleados por encima de esta franja de edad se ha multiplicado por 4,5. hasta sumar dos millones de personas, de los que casi la mitad llevan dos o más años sin encontrar un puesto de trabajo. El organismo advierte de que ese plan debe contar «con una dotación suficiente de recursos». Mientras el Gobierno central ha ido ahorrando recursos públicos en la protección por desempleo -en su mayoría porque se agotan los plazos - las comunidades autónomas se están viendo obligadas a incrementar las asignaciones destinadas a contener la pobreza. En el 2015, la partida destinada por la Xunta para la denominada Renta de Integración Social de Galicia (RISGA) se sitúa en 47,7 millones de euros, ocho más que en el 2014, lo que supone un incremento del 20 %.
Recursos públicos
Al descenso de los fondos públicos del Estado para atender a los desempleados que pierden su trabajo, se suma una drástica caída de los recursos destinados a las llamadas políticas activas de empleo. Desde el año 2011, estas se han visto reducidas en 2.834 millones de euros, lo que supone una bajada del 37,3 %. Esto significa que hace tres años, con 1,5 millones de parados menos, había muchos más recursos para mejorar la empleabilidad de las personas sin trabajo. En el 2015, cada parado tendrá a su disposición solo uno de cada dos euros que el Estado aportaba en el 2011 para políticas activas. Una enorme paradoja: cuánto más grande es un problema social menos recursos públicos se destinan para atenderlo.