Luxemburgo pactó en secreto que cientos de multinacionales pagaran menos impuestos

El Gobierno luxemburgués ocultó la medida a sus socios europeos, según desvelan hoy medio centenar de medios


Luxemburgo estableció acuerdos secretos con más de 340 multinacionales, entre ellas Apple, Amazon, Ikea o Pepsi, que tenían la finalidad de pagar menos impuestos. Así lo pusieron de relieve hoy casi medio centenar de medios de comunicación internacionales, basándose en documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Los acuerdos, pactados entre el 2002 y 2010, representan miles de millones de euros de ingresos fiscales perdidos para los Estados donde estas empresas obtienen sus beneficios, según el ICIJ y sus medios asociados, entre los cuales figuran Folha de Sao Paulo en Brasil, Le Monde en Francia, The Guardian en el Reino Unido, el Süddeutsche Zeitung en Alemania, o el Asahi Shimbun nipón. Según la investigación, dos bancos brasileños, Bradesco e Itaú-Unibanco, se beneficiaron de este esquema, ayudados por la auditora PricewaterhouseCoopers (PwC), que les permitió ahorrarse 90 millones de dólares en impuestos (unos 200 millones de reales). El ICIJ detalla que los bancos brasileños alegaron «contribuciones no mesurables» a sus filiales en Luxemburgo, lo cual les permitió declarar un resultado menor y por tanto pagar menos impuestos tanto en Luxemburgo como en Brasil.

En los documentos de PwC, dichas contribuciones aparecen como gastos en publicidad, captación de clientes, desarrollo de productos financieros, consejos a empresas y particulares brasileños que quieren abrir cuentas en Luxemburgo y asesoría sobre gestión de riesgo, entre otros servicios.

Folha de Sao Paulo presenta el caso como una estrategia clásica destinada a evitar impuestos «por todos los medios legales a su disposición», añadiendo que «técnicamente no se ha cometido ningún delito».

La investigación apunta también a prácticas de optimización fiscal de multinacionales en España, Argentina, El Salvador, Chile, República Dominicana, México y Panamá.

Así por ejemplo, en Argentina se acusa de estas prácticas a la filial local de Bradesco y a Yamana Gold, una productora canadiense de oro. En México están concernidas firmas financieras como Paul Capital y Startwood Capital y la norteamericana de logística FedEx. En España aparecen Burberry, HSBC, Pepsi, Carlyle o AIG, entre otras.

En su investigación, que duró seis meses, bautizada Luxembourg Leaks o LuxLeaks, el ICIJ tuvo acceso a 28.000 páginas de documentos de tax ruling que muestran cómo las grandes empresas «se apoyan en Luxemburgo y sus flexibles reglas fiscales, pero también quedan en evidencia las deficiencias de la reglamentación internacional en cuanto a la transferencia de beneficios con la finalidad de que no sean gravados, o lo sean muy débilmente», señala Le Monde.

La práctica del tax ruling, que es legal, permite a una empresa solicitar de antemano información sobre cómo será tratada su situación fiscal por la administración de tal o cual país, y obtener garantías jurídicas. Los grupos concernidos -son citados en particular Apple, Amazon, Verizon, AIG, Heinz, Pepsi, Ikea o los franceses Axa y Crédit Agricole- logran así ahorrar miles de millones de euros por año gracias a la creación de una filial, de un holding o con el desplazamiento de su sede social al territorio del Gran Ducado. El objetivo: pagar lo menos posible por concepto de impuestos.

«Luxemburgo mantiene estos acuerdos fiscales en secreto» y «no los notifica a sus socios europeos», a pesar de que «de hecho, están al corriente por medio de sus propias multinacionales sobre esta estrategia para evitar impuestos», continúa el diario francés.

Los documentos obtenidos por el ICIJ fueron redactados entre 2002 y 2010 por la empresa de auditoría financiera PricewaterhouseCoopers, «que los redactó y negoció los términos con la administración luxemburguesa», añade la fuente.

La Comisión Europea (CE) abrió en junio cuatro investigaciones sobre la práctica fiscal del tax ruling, que conciernen a cuatro Estados miembros.

Una atañe a Irlanda y trata sobre acuerdos entre la administración fiscal de este país y el gigante estadounidense de la informática y afines Apple, bajo sospecha de haberse beneficiado de un trato de favor contrario a las reglas europeas de la competencia. Otra esta vinculada a sospechas sobre ventajas fiscales acordadas por Holanda a la macrocadena de cafeterías Starbucks. Una tercera versa sobre acuerdos, precisamente, entre Luxemburgo y Fiat Finance and Trade, que brinda servicios de gestión de tesorería al grupo automotriz Fiat. La última, abierta en octubre, afecta a Gibraltar.

Reacción del Gobierno

La reacción del Gobierno luxemburgués esta mañana no se hizo esperar. El primer ministro, Xavier Bettel, afirmó hoy que las prácticas fiscales del Gran Ducado «respetan las reglas internacionales» y que por tanto no se ha hecho «nada malo». Bettel estuvo acompañado por el viceprimer ministro y ministro de Economía, Etienne Schneider, el titular de Finanzas, Pierre Gramegna; y el de Justicia, Félix Brax.

El primer ministro luxemburgués admitió que este escándalo «no da una buena imagen de Luxemburgo», pero él y sus colaboradores subrayaron que lo que hace el Gran Ducado es legal. El ministro de Finanzas dijo que la práctica «es compatible con los estándares comunitarios y con los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)». Gramegna también indicó que las ventajas que aplica Luxemburgo a las multinacionales, conocidas como tax ruling y que permite a las empresas optimizar sus impuestos, «no es una especialidad de Luxemburgo. Muchos países europeos la practican». Además, agregó, «solo es posible si los otros países participan» en el esquema.

La nueva comisaria de Competencia, Margarethe Vestager, ha resaltado este jueves que su antecesor, Joaquín Almunia, ya ha abierto dos expedientes contra Luxemburgo y ha prometido ser «vigilante».

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