Díaz Ferrán admite que cometió un delito de alzamiento de bienes y pide rebajar su pena

El expresidente de la CEOE reconoce que recibió «sucesivas» entregas de dinero del empresario Ángel del Cabo por el traspaso del grupo Marsans


El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha admitido que incurrió en un delito de alzamiento de bienes al cometer el «grave error» de «confiar» en el empresario Ángel de Cabo para reflotar Marsans, por lo que ha pedido que se le aplique una atenuante que rebaje su condena por estos hechos.

En el escrito de defensa que ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco asegura «lamentar la situación» a la que De Cabo llevó al Grupo Marsans, y del que, según reconoce, recibió «sucesivas» entregas de dinero. No obstante, no llega a cuantificar la cantidad percibida, aunque el instructor ya desveló que ascendía a 1,06 millones.

En todo caso, asegura que son menores que las que apuntaba la Fiscalía, que acusaba a De Cabo de haberse comprometido a pagar a Díaz Ferrán y su socio fallecido Gonzalo Pascual ocho millones de euros en tandas de 100.000 euros al mes por el traspaso del grupo turístico.

Durante el 2009 y principios del 2010, relata el escrito, sus empresas comenzaron a tener problemas tras la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, pero ambos socios «hicieron todos los esfuerzos posibles para mantener los negocios en funcionamiento y los empleos de sus trabajadores» al poner como garantía su patrimonio personal y el de sus cónyuges. Los estados financieros de Marsans empeoraron, continúa el escrito, firmado por su abogado, Nicolás González-Cuéllar, después de que la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) les retirara la licencia para vender billetes de avión y exigiera un aval multimillonario. Dado que habían agotado su capacidad de crédito y habían comprometido todos sus bienes, acudieron al también dueño de Nueva Rumasa bajo la «errónea» convicción de que era «un gran gestor» para la «salvación» de sus negocios.

Así, en junio del 2010 vendieron sus empresas a la sociedad de De Cabo Possibilitum Business, bajo la promesa de que éste iba a sustituir con sus avales los que ya habían aportado Díaz Ferrán y Pascual, pero el empresario no cumplió con su palabra y no saneó el grupo ni liberó su patrimonio. Por ello, Díaz Ferrán, en prisión preventiva por estos hechos desde diciembre del 2012, «tuvo que aceptar de De Cabo sucesivas entregas de dinero» ante su «angustiosa situación económica». Además del reconocimiento del delito de alzamiento, Díaz Ferrán alega la reparación del daño como atenuante de la pena que se le pueda imponer en el juicio por el vaciamiento patrimonial de Marsans.

En este sentido, recuerda la reclamación de 1.600 millones de dólares a Argentina por la expropiación de la compañía de Aerolíneas ante el Centro Internacional para el Arreglo de las Controversias relativas a Inversiones del Banco Mundial de Naciones Unidas (CIADI), arbitraje en el que el propio Díaz Ferrán testificó desde la cárcel a través de una videoconferencia. También menciona el escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que pidió para la masa activa de su concurso la cantidad de 50.000 euros como indemnización por el daño a su honor y sufrimiento moral por la reapertura de la causa en la que Elpidio José Silva le investigaba junto a Miguel Blesa por la concesión de un crédito de 26,6 millones a Marsans. Y no solo eso, sino que tras el juicio celebrado contra Silva por prevaricación, el juez fue condenado a pagarle 10.000 euros por daños morales, cuantía destinada a la masa activa del concurso de acreedores.

El pasado mes de abril, el juez Velasco dictó la apertura de juicio, cuya fecha no se ha señalado aún, contra Díaz Ferrán y De Cabo, entre otros, por delitos de alzamiento de bienes continuado, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en organización criminal, por los que la Fiscalía pidió 15 y 8 años de prisión, respectivamente.

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