La reforma fiscal acelera la desinversión


La reforma fiscal que se avecina continúa con la misma línea de inseguridad jurídica que desde el 2004 impera en nuestro ordenamiento, consecuencia de la más que evidente ausencia de planificación legislativa tributaria a medio y largo plazo. En la materia que nos ocupa se pone de manifiesto que la prioridad es meramente recaudatoria, con independencia de que exista o no capacidad económica real.

Me estoy refiriendo, en primer lugar, a la supresión de los coeficientes de corrección monetaria para la determinación de las ganancias patrimoniales, que dejarán de aplicarse desde el 1 de enero del 2015. Estos coeficientes únicamente tenían como finalidad la de corregir el precio de adquisición de los bienes inmuebles para que, de alguna forma, reflejara la inflación que experimentó ese precio a lo largo del tiempo. No son lo mismo tres millones de pesetas de 1987 que 18.000 euros del 2014. Aunque, a partir de la entrada en vigor de la reforma, serán equivalentes.

En segundo lugar, está prevista la eliminación de los coeficientes reductores por antigüedad que seguían aplicándose a las ganancias patrimoniales generadas, si se cumplían el resto de requisitos, hasta el 20 de enero del 2006. Si a estas dos medidas cuestionables constitucionalmente, les sumamos que, frente a un tipo del 15 % en el 2005, se prevé una tributación para este tipo de ganancias de entre un 19-20 % y un 23-24 % en los ejercicios 2015 y 2016, respectivamente, así como la supresión de la deducción por adquisición de vivienda habitual, solo puede concluirse que el objetivo es poner la puntilla a un sector que no levanta cabeza, al margen, claro está, de las numerosas desinversiones inmobiliarias que se realizan estos meses dado el escenario confiscatorio futuro.

Aunque la reforma está en fase de tramitación parlamentaria, sería conveniente que se reflexionara sobre las numerosas deficiencias que presenta y se concluyera que algunas medidas como las expuestas no formen parte de nuestro ordenamiento como, al parecer, sucederá con la reforma de la Ley General Tributaria.

Carlos del Pino es Delegado en Galicia del gabinete de estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales y socio de Pin&Del Pino Abogados

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