Blesa y Rato pedirán al juez que reparta la fianza entre todo el consejo de Caja Madrid

Los expresidentes de Caja Madrid y, en última instancia, Bankia, no quieren quedarse solos a la hora de asumir las responsabilidades derivadas del despilfarro que se hizo con las tarjetas opacas a efectos fiscales (black) que se entregaron a 86 ex altos cargos de la entidad entre el 2003 y el 2012, si bien tres de ellos no llegaron a utilizarlas. Miguel Blesa y Rodrigo Rato pretenden que la Audiencia Nacional también extienda las posibles culpas al resto del consejo de administración de la época, lo que en teoría descargaría algo las suyas.

Según fuentes jurídicas, esa será la principal base de los recursos que interpondrán la próxima semana contra las fianzas civiles que el juez del caso Bankia, Fernando Andreu, les ha impuesto por la responsabilidad pecuniaria que se derivaría de su papel como principales «consentidores» del quebranto causado a las arcas de la caja de ahorros (15,5 millones dilapidados en diez años), «aceptado y propiciado» por ambos. Aunque el magistrado se ha atenido a lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal para fijar esas cantidades -16 millones para Blesa y tres para Rato, incluidas las posibles multas y atendiendo al período que cada uno estuvo en la presidencia-, los dos imputados consideran que el reparto «no es equitativo».

Amén de reiterar -como ya hicieron el jueves ante el instructor tras conocer la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación particular que ejerce el FROB- que fijar ahora una fianza civil resulta «prematuro» y «extemporáneo», los abogados de Blesa y Rato esgrimirán que estos son discriminados al hacerles «responsables únicos de una decisión solidaria». Su criterio es que, en todo caso, la suma debería ser repartida de forma proporcional entre todos los beneficiarios de las tarjetas opacas.

De hecho, el propio magistrado advertía de esta posibilidad en su resolución, al abrir la puerta a adoptar en el futuro la misma medida «sobre aquellas otras personas que hubieran podido participar en los hechos». La diferencia es que en el caso de los dos expresidentes considera que «la gravedad y complejidad» de lo que se está investigando, unido al miedo a que «la inoperancia final de un proceso de tal dimensión» pudiera hacer fracasar posteriores medidas, devienen en que lo más «razonable y prudente» es asegurar ya la responsabilidad civil.

Conscientes de la determinación de Andreu, los abogados de Blesa van a un paso más allá y extienden la mancha de las posibles responsabilidades a todo el consejo de administración de la época. Su tesis es que la concesión de las tarjetas black no correspondió únicamente a los presidentes sino que fue una decisión colegiada, de modo que también las culpas habrían de compartirse.

Comportamiento «idéntico»

Y sobre el uso de ese medio de pago aparentemente opaco -ni Hacienda parecía tener conocimiento del mismo, ni tampoco el supervisor (Banco de España) y la auditora-, su defensa sostendrá que, «en general, todos los directivos tenían un comportamiento idéntico». Que, aunque no lo explicitan, había libre disposición sobre las tarjetas y por eso los cargos abarcaban desde viajes a compras particulares. Su argumento es que eran un complemento retributivo, lo que permitiría que no se justificara al detalle cada movimiento aunque sí deberían rendir cuentas al fisco.

La intención de esos abogados es llegar ante la Sala de lo Penal de la Audiencia, en un intento por que paralice de forma cautelar el pago de las fianzas hasta que resuelva sus recursos. El problema es que hasta entonces pasará, al menos, más de una semana y el juez -que probablemente rechace en primera instancia sus demandas- no ha de esperar para ejecutar su cobro.

El entorno de Rato se muestra convencido de que podrá reunir la suma requerida, mientras que el de Blesa lo ve imposible. En su caso, y aunque el plazo concluye el miércoles, dan por hecho que su patrimonio será embargado.

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