El juez Andreu impone una fianza de 16 millones de euros a Miguel Blesa y 3 millones a Rodrigo Rato por las tarjetas opacas
ECONOMÍA
Los expresidentes de Caja Madrid, que han declarado esta tarde ante Fernando Andreu, tienen tres días para depositar las respectivas cantidades
17 oct 2014 . Actualizado a las 10:26 h.La de ayer no fue una tarde fácil para los antiguos responsables de Caja Madrid. Los antaño todopoderosos e intocables presidentes de la entidad, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, declararon en calidad de imputados en la Audiencia Nacional, junto con el antiguo director financiero y de riesgos, Ildefonso Sánchez Barcoj, por el uso de las ya célebres tarjetas opacas con las que consejeros y directivos cargaron durante una década 15,5 millones de euros en gastos personales a la entidad, sin tributar por ello a Hacienda. Pero si el interrogatorio ante el juez Fernando Andreu no fue cómodo para los imputados, menos aún lo fue salir de la Audiencia con la imposición de una fianza civil conjunta de 19 millones de euros: 16 que tendrá que depositar Miguel Blesa y tres Rodrigo Rato. Tienen tres días -hasta el próximo miércoles- para hacerlo si quieren eludir el embargo de sus bienes.
La medida cautelar, acordada por el magistrado a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a la que se sumó el representante legal del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, eleva la cuantía reclamada por el Ministerio público para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles y sanciones que se deriven del caso, puesto que Anticorrupción planteó 15,2 millones para Blesa y 245.000 euros para Rato.
Administración desleal
Pero el juez consideró que los hechos que se imputan a Blesa y a Rato podrían ser constitutivos de un delito continuado de administración desleal, es decir, que causaron perjuicios a la sociedad que administraban al haber abusado de sus cargos. Por ello, según informaron fuentes jurídicas, Andreu calculó las fianzas tomando como base el dinero gastado de forma presuntamente ilícita con las tarjetas B, y le sumó el 25 % mínimo que la legislación establece, dando como resultado los 16 y 3 millones que Blesa y Rato, respectivamente, tendrán que depositar, aunque con toda seguridad el auto de la fianza será recurrido ante la instancia superior. Tal maniobra, sin embargo, no suspendería el depósito de las fianzas, según confirmaron fuentes jurídicas.
«Borrachos y puteros»
Alrededor de medio centenar de preferentistas se apostaron con pancartas y megáfonos desde la una de la tarde -dos horas antes del inicio previsto de la primera de las declaraciones, la de Sánchez Barcoj- en las inmediaciones de la sede de la Audiencia Nacional, en la madrileña calle Prim.
Efectivos antidisturbios y un cordón policial les impidieron acercarse a la entrada de los juzgados, adonde los tres imputados llegaron en coche: en taxi Sánchez Barcoj y en vehículos particulares Blesa y Rato. Eso sí, las decenas de metros que les separaban no les evitaron a los exresponsables de Caja Madrid escuchar los gritos con los que increparon. «Con nuestro dinero, borrachos y puteros», resumían la profunda indignación de los ahorradores estafados, que ya han protagonizado varios momentos de tensión en anteriores citas judiciales de Miguel Blesa, con intento de agresión incluido.
Pío pío, que yo no he sido
Como en el juego infantil, Sánchez Barcoj y los dos expresidentes negaron tener responsabilidad alguna en el sistema de las tarjetas black, de las que aseguraron que era un «viejo sistema» que databa de los 80, es decir, de la etapa anterior a Blesa, cuando era presidente Jaime Terceiro. La finalidad de las mismas, declararon -según fuentes jurídicas consultadas-, era cubrir los gastos de representación, algo perfectamente legal, subrayaron. Pero las acusaciones consideran que tratan de confundir el uso de tarjetas legales con las opacas, que no se declaraban al fisco.
Al ser interrogados por el motivo por el que figuraban entre los cargos conceptos que no parecían tales gastos de representación -desde retirada de efectivo hasta compras en supermercados o superficies comerciales, pasando por caros viajes- matizaron que, dado que se consideran «un complemento salarial», no había un control exhaustivo más allá de no sobrepasar el límite anual: 50.000 euros para la cúpula y 25.000 para el resto.
En otro momento admitieron que realmente eran gastos de «libre disposición» y que se consignaban como retribuciones en especie. Blesa, que mantuvo una actitud desafiante, negó tener responsabilidad, mientras que quien fue su segundo le atribuyó directamente la decisión sobre cómo y a quien se debía dar cada tarjeta. Rato se limitó a seguir con una práctica «ya establecida».