Indemnizaciones, preferentes, pisos, «swaps»...


La intervención adelantada ayer por Luis de Guindos -con la que también trataba de mostrar que la Administración no está de brazos cruzados ante el enorme escándalo provocado por las tarjetas de Caja Madrid y otras entidades- supone que por primera vez el Estado, y no la Fiscalía Anticorrupción de oficio o afectados particulares, lidera un proceso contra las cajas. Porque los problemas con la justicia de Caixa Galicia y Caixanova, y su heredera Novacaixagalicia, no empiezan y acaban aquí. Hay al menos otros cuatro casos, algunos muy llamativos, en los tribunales:

Indemnizaciones

Juicio oral a inicios del 2015. Es el único caso en el que, hasta ahora, se ha personado el FROB. Pero solo lo hizo después de una denuncia del sindicato CIG y del abogado coruñés Pablo Arangüena tras desvelarse las grandes indemnizaciones (casi 20 millones de euros) que habían percibido exdirectivos de Novacaixagalicia pese a la delicada situación de la entidad y tras haber recibido ya millonarias ayudas públicas. Están imputados Julio Fernández Gayoso (como ideólogo, porque no recibió dinero), José Luis Pego, Javier García de Paredes, Gregorio Gorriarán y Óscar Nelson Rodríguez Estrada. También está imputado el abogado madrileño Ricardo Pradas. Según fuentes judiciales, el juicio se celebrará en la Audiencia Nacional a inicios del 2015.

Productos tóxicos

En juzgados ordinarios. Aquí hay dos frentes: las miles de denuncias particulares por la venta incorrecta de este producto tóxico, que se están resolviendo en salas de A Coruña y Vigo, principalmente; y la denuncia ante la Audiencia Nacional del sindicato CIG. Esta última ha sido desestimada y remitida a un juzgado ordinario, pero el sindicato ha recurrido. La querella es contra todos los ex altos cargos y consejeros de las cajas. Sobre otro producto tóxico, los swaps de Caixa Galicia, hay una demanda con 1.500 afectados que lleva la asociación Adicae.

Pisos por debajo de valor

El último caso. El mismo sindicato trasladó la semana pasada a la Fiscalía de Santiago la compra de varios inmuebles de Caixa Galicia por parte de la esposa de José Luis Méndez, siempre por debajo del valor de tasación.

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