La secretaria de Consumo ha precisado que 1.097 millones corresponden a las participaciones ofertadas por Bankia
25 ago 2014 . Actualizado a las 21:57 h.Los más de 534.000 afectados por las participaciones preferentes han recuperado en un año, desde julio del 2013 hasta el mismo mes de este año, un total de 2.912 millones de euros con el proceso de arbitraje al que el Ministerio de Economía y Competitividad obligó a adherirse a las entidades intervenidas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -Bankia, Novagalicia y Catalunya Banc-.
Así lo ha asegurado este lunes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) la secretaria general de Consumo, Pilar Farjas, quien ha precisado que de estos casi 3.000 millones, 1.097 corresponden a participaciones preferentes ofertadas por Bankia.
Según ha señalado, en total ha habido, hasta el momento, unas 303.000 solicitudes de arbitraje admitidas en todo el territorio nacional. Los «muy pocos casos» que quedan, ha añadido, se refieren a situaciones en las que «no está claro que los preferentistas no supieran las condiciones de los productos».
La representante de Sanidad ha dado estas cifras en una mesa redonda del encuentro «Problemas actuales del Derecho del Consumo», en la que también han participado el director general de Autocontrol de la Publicidad, José Domingo Gómez; la directora general de Comercio y Consumo de Cantabria, Ana María España, y la directora del Departamento de Desarrollo Social y Empleo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Evely Jacir de Lovo.
Farjas también ha apuntado que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, del que dependen las competencias de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) -que ella preside-, baraja la posibilidad de que las empresas paguen las Juntas de Arbitraje de Consumo -al que empresas y consumidores tienen que estar adheridas de forma voluntaria-, que son gratuitas para los ciudadanos.
Sin embargo, ha asegurado que lo que el Ministerio «no se plantea» es cambiar la naturaleza de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y convertirlas en consumidores, una definición que el ordenamiento jurídico español delimita a las ONG y a los ciudadanos a nivel individual.
Además, ha recordado las medidas que refuerzan los derechos de los consumidores y que se recogieron en la Ley 3/2004 de 27 de marzo, que, entre otras cosas, prohibía el spam telefónico entre las nueve de la noche y las nueve de la mañana.
Sobre el pago de las Juntas de Arbitraje de Consumo por parte de las compañías, Ana España ha reivindicado que hay que evitar que estas juntas sean «su departamento de atención al cliente», un punto en el que ha coincidido con Gómez, que defiende la gratuidad de este tipo de resolución extrajudicial de conflictos para los consumidores «porque si no, esta herramienta se pervierte».
Asimismo, Gómez considera que el proceso de arbitraje de Bankia, Novagalicia y Catalunya Banc es «un caso de estudio que podría presentarse a nivel internacional porque es un magnífico ejemplo para los demás».
Los bancos «tienen miedo» a la adhesión a las juntas de arbitraje
Por su parte, y también en relación con el proceso de las preferentes, Ana España «no descarta» que las entidades bancarias cántabras como Liberbank se adhieran a las Juntas de Arbitraje de Consumo porque actualmente no hay ninguna que lo esté.
Esto se debe, según ha añadido, al «miedo» que tienen porque «piensan que todos los laudos van a ser en su contra». «Es complicado que las entidades se adhieran, pero lo seguimos intentando», ha apostillado.
«A un banco le da igual la sanción, el problema es que salga en los periódicos», ha apostillado la directora general de Comercio y Consumo de Cantabria, que ha incidido en que Liberbank es la entidad «que más problemas está causando» en esta región.
No obstante, Farjas sí ha dado importancia al poder que tienen las sanciones sobre la actitud de las empresas. Así, considera que «lo que más daño hace a una empresa» es «el volumen» de la sanción y que se publique en los medios de comunicación.
Sin embargo, preguntada por un asistente al encuentro sobre la desprotección que pueden vivir los ciudadanos, España ha defendido que las Administraciones Públicas «no deben crear falsas esperanzas» diciendo a un afectado que presente una reclamación ante Arbitraje si la entidad a la que reclama no está adherida.
En este sentido, Jacir de Lovo considera que este miedo se debe a la «cultura empresarial de resolución de conflictos» que existe en España, y cree que el proceso de las preferentes «puede ayudar a que otras empresas se adhieran a los arbitrajes».
«Asumir el coste de la irresponsabilidad» empresarial
En su turno de palabra, Gómez también ha defendido que la autorregulación y entidades como Autocontrol de la Publicidad deben ser «cooperadoras» y no «sustitutivas» de la Administración Pública, porque a la hora de sancionar los incumplimientos normativos el sector público es necesario, por ejemplo, para llegar a las «pequeñas empresas» que ofertan «productos milagro» a los que Autocontrol «no llega».
Asimismo, ha asegurado que las sanciones deben existir «irremediablemente» si las herramientas extrajudiciales no funcionan. Del mismo modo, Gómez ha reivindicado que las empresas «tienen que asumir el coste de la irresponsabilidad, que es la sanción administrativa», al tiempo que comenta que «en Europa, la sanción está consiguiendo parar la irresponsabilidad».