Empresarios fracasados buscan amparo legal para volver a emprender sin deudas

Piden una segunda oportunidad como existe ya en Europa y recomienda el FMI


REDACCIÓN / LA VOZ

Emprender, fracasar y volver a empezar. Dicho así, con algo de financiación y mucho coraje bastaría para reincidir. Pero no es tan fácil. Tras una quiebra casi siempre hay deudas que pueden mantener atrapado a un empresario de por vida. El Gobierno de España ha introducido en la llamada Ley de Emprendedores un mecanismo para evitar penalizaciones. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países de Europa (con excepción de Hungría, Bulgaria, Croacia), la nueva normativa española no perdona los préstamos garantizados, las deudas con las diferentes administraciones públicas, ni tampoco las de los acreedores privilegiados (que incluye también a los trabajadores).

Así lo ha puesto en evidencia el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un informe publicado en julio en el que pide al Gobierno español que estudie la posibilidad de exigir a la banca y a la propia administración que perdonen deudas pendientes a los empresarios que fracasan pasado un tiempo y si demuestran buena fe. Lo que en Estados Unidos y la mayor parte de Europa se denomina fresh start.

En Galicia, el movimiento de reforma de esta legislación está encabezada por la Asociación de Emprendedores de Galicia (Asega), que representa a un centenar de empresarios que tratan de volver a la carga, aunque no todos podrán hacerlo.

Asega trabaja en el asesoramiento, pero también está liderando una ofensiva que se está moviendo a nivel nacional para que los empresarios gallegos dispongan de una segunda oportunidad real. «Son muchas las víctimas que se han quedado atrapadas y no han logrado salir por la crisis, pero otros queremos sacudirnos el polvo y seguir adelante», afirma Alfonso Salazar, presidente de Asega.

La estadística no deja lugar a dudas de la magnitud del fracaso empresarial registrado en Galicia como consecuencia de la crisis. Según la base de datos del INE, en el año 2007, había 200.020 empresas en la comunidad gallega. En el primer trimestre del 2014, el número habría descendido ya a 191.475, que es la cifra más baja de los últimos siete años. Por el camino se han quedado 8.545 emprendedores, muchos de los cuales desearían disponer de una verdadera segunda oportunidad como la que propone el FMI.

¿A quién beneficiaría la propuesta de borrón y cuenta nueva que está en vigor ahora mismo en España? El impacto, según fuentes jurídicas y empresariales consultadas, sería prácticamente nulo, en buena medida también por su desconocimiento.

«El problema es que la mayoría de los emprendedores que han fracasado tienen deudas contraídas con la Administración, que es acreedor privilegiado y esas no se perdonan», explican fuentes de la organización de autónomos ATA.

Desde el Ministerio de Justicia defienden la legislación. «Sirve para que emprendedores y pequeñas empresas con deudas no superiores a 5 millones puedan buscar acuerdos extrajudiciales con sus acreedores mediante la figura de un mediador concursal. Así, se podrán incluso pactar moratorias de hasta 3 años y quitas de hasta el 25 %», explican desde Justicia.

Y es que el empleo que generan los emprendedores se advierte clave para adelgazar el paro. Según los datos de la Seguridad Social al cierre del mes de junio compilados por Colpisa, uno de cada tres nuevos trabajadores registrados durante el primer semestre del año están vinculado al empleo por cuenta propia: o bien son autónomos (65.472) o bien están asalariado por alguno de ellos (49.519). Suman, por tanto, algo más de la tercera parte de los empleos generados.

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