EE. UU. pide prisión para los directivos de marcas que no avisen de defectos que causen siniestros
ECONOMÍA
En Estados Unidos, las últimas llamadas a revisión están generando una fuerte polémica. El problema no es solo que millones de vehículos tienen que pasar por el taller para controlar o subsanar algún posible fallo. El origen del debate está en General Motors. La marca está involucrada en un problema serio con el fallo de algunos bombines de arranque que han llegado a causar accidentes mortales al apagarse el vehículo cuando este estaba circulando y deshabilitar los airbags, entre otras funciones.
Y lo grave no es que los procesos de calidad y montaje hayan podido fallar, sino que dentro de la propia General Motors muchos directivos eran conscientes de que sus coches tenían estos problemas, y en vez de tratar de solucionarlo, se esforzaron por esconderlo.
La senadora estadounidense Claire McCaskill acaba de lanzar una propuesta de ley muy seria que ha suscitado amplias reacciones de apoyo entre asociaciones de consumidores y usuarios: cadena perpetua para los directivos que ignoren llamadas a revisión por elementos que hayan podido causar muertes.
Con esta nueva propuesta de ley, la legislación americana actualmente en vigor cambiaría en otros aspectos, por ejemplo, se eliminaría el límite de 35 millones de dólares (26 millones de euros) que los fabricantes tienen que abonar por retrasar llamadas a revisión, además de incrementar las indemnizaciones máximas por vehículo de 5.000 a 25.000 dólares (3.700 y 18.600 euros). En el polémico borrador también están contempladas penas de cárcel de hasta 15 años para aquellos casos en los que haya habido heridos graves en accidentes causados por algún defecto de fabricación del vehículo.
Desde principios del 2013, General Motors ha llamado a revisión por posibles fallos en EE. UU. a 28,7 millones de unidades de sus marcas Buick, Cadillac, Chevrolet y GMC.