Desde el 2006 hasta ahora, la Hacienda Pública ha aceptado quitas en concurso por un valor total de 74 millones de euros, lo que representa una quita media inferior a 1.900 euros por empresa, ya que desde ese año se han producido más de 40.000 concursos en España, según datos facilitados por el CGE y Refor. Se trata, dicen los economistas, de una cantidad muy pequeña dado el alto volumen del crédito en los concursos.
Según un estudio muestral realizado por estas organizaciones, el crédito público -lo que se adeuda a Hacienda y a la Seguridad Social- supone el 20 % de los créditos en una pequeña empresa. Si se trata de una micropyme -con un pasivo por debajo inferior al millón- el peso del crédito público sube al 30 %. Por el contrario, a medida que aumenta el tamaño de la empresa, el peso del crédito público sobre el total disminuye. Las micropymes en España representan el 60 % de los concursos de acreedores.
El presidente del Refor, Leopoldo Pons, explicó que los datos concursales ni siquiera recogen el verdadero nivel de insolvencia que existe en España porque la mayoría de las personas físicas no acuden al procedimiento concursal y prefieren optar por echar el cierre al negocio. «El modelo concursal no funciona bien», afirmó Pons. Como demostración, explicó que, en el 2013, el Fogasa tuvo que hacerse cargo de las deudas de 83.000 empresas con sus trabajadores (120.000 trabajadores tuvieron que cobrar sus sueldos e indemnizaciones de las arcas públicas) mientras que a concurso solo fueron menos de 10.000 empresas (alrededor de mil correspondían a autónomos).