El Supremo revoca el fallo que ordenó paralizar Ence

La Audiencia Nacional había estimado en junio del 2011 que la concesión de la planta de Pontevedra estaba ya caducada


pontevedra / la voz

El Tribunal Supremo dio ayer aire a la planta de Ence en Pontevedra al menos durante unos años más. El alto tribunal revocó una sentencia de la Audiencia Nacional de junio del 2011 que ordenó paralizar la actividad de la planta al considerar que la concesión administrativa estaba caducada.

Se refería aquel fallo al permiso que el extinto Instituto Nacional de Industria (INI) había autorizado en 1958 para la instalación de una planta de celulosa en Lourizán. El colectivo Salvemos Pontevedra instó un procedimiento judicial al estimar que la concesión en cuestión estaba ya extinguida, y logró que la Audiencia Nacional le diera la razón, al extremo de que este órgano judicial llegó a pedir la adopción «de todas las medidas legalmente contempladas» para que se paralizase la actividad de la fábrica pontevedresa.

Ence recurrió en casación ante el Supremo y ha visto satisfechas sus pretensiones. En la sentencia, que trascendió ayer, el tribunal elude pronunciarse sobre la caducidad de la concesión, tal y como pretendía Salvemos Pontevedra, y obliga a la Administración General del Estado a iniciar un expediente que analice esta cuestión, sin prejuzgar en ningún caso cuál debe ser el dictamen del Gobierno.

Ahora, será el Ministerio de Medio Ambiente el que tramite este documento, que se extenderá durante varios años, a tenor de lo que ha ocurrido en otros procedimientos similares. Durante este tiempo, la planta mantendrá su actividad con total normalidad.

Así las cosas, el futuro de la factoría de Lourizán podría quedar despejado en un procedimiento paralelo que desde hace meses tramita la dirección de Ence. Y es que la pastera ha presentado una solicitud para que se extienda su concesión en dominio marítimo terrestre en virtud de la última reforma de la Ley de Costas. Ahora mismo, la autorización de Ence concluye en el 2018, pero la empresa pretende ganar al menos otros 30 años más con su petición, una puerta abierta tras el cambio de la normativa que ha generado una enorme controversia en la ciudad de Pontevedra.

La compañía espera que este asunto quede resuelto en unos meses, pero todo está pendiente de la aprobación de un reglamento que desarrollará la nueva Ley de Costas. La Xunta, además, habrá de emitir un informe sobre la ampliación de la concesión que no será vinculante para el Gobierno, pero sí decisivo.

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