Hacienda cifra en más de 66 millones la cantidad defraudada por Carceller Arce
17 jul 2014 . Actualizado a las 07:05 h.Finalmente el presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, se sentará en el banquillo acusado de la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales. Así lo recoge un auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, fechado ayer, y que en 22 páginas da cumplimiento a la reciente sentencia del Tribunal Supremo -de fecha 8 de julio- que ordenaba dejar sin efecto el sobreseimiento de la causa contra Carceller Arce.
Y es que aunque Ruz había dictado auto de prosecución del procedimiento contra el presidente de Damm, así como contra su padre, Demetrio Carceller Coll, y otros dos colaboradores, las defensas lo recurrieron y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó dejar a Carceller Arce al margen -la fiscalía pedía para él una pena de 14 años de prisión y 48 para su padre-, decisión esta revocada por el Supremo, que da la razón a Ruz.
Así las cosas, el juez da por concluida la instrucción del proceso, que rastrea la evasión de impuestos y el blanqueo de capital presuntamente realizados por Carceller Coll entre los años 2001 y 2009, con la colaboración de su hijo y sus hombres «de confianza», José Luis Serrano Flórez y el abogado Gabriel Ignacio Petrus Labayen, también imputados. Para estos últimos, la fiscalía llegó a pedir 19 y 42 años de cárcel respectivamente.
Ahora Ruz da un plazo de veinte días a las partes -defensas y ministerio público- para que o bien soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento del caso. Pese a ello, la resolución del magistrado aún es recurrible.
Residencia simulada
A lo largo de la instrucción, Pablo Ruz considera que ha quedado indiciariamente acreditado que los imputados diseñaron una trama para defraudar al fisco español tanto en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) como en los de patrimonio y sucesiones.
Lo hicieron ocultando el domicilio real de Carceller Coll, que aunque nunca ha dejado de residir en España, desde principios de los noventa simuló haberse trasladado a Portugal y el Reino Unido. La ocultación de su patrimonio y rentas al Ministerio de Hacienda se llevó a cabo mediante una red de estructuras fiduciarias en su mayoría radicadas en paraísos fiscales, «reinvirtiendo en las diversas sociedades controladas por él las cuotas que, ejercicio tras ejercicio, se han ido defraudando».
En el auto, el juez de la Audiencia Nacional incluye algunos de los resultados de las pesquisas de la AEAT, que cuantifican la cantidad total defraudada al fisco español en más de 66 millones de euros, de los que 42,3 millones corresponderían a cuotas no abonadas por IRPF entre los años 2001 y 2009, y otros 24 millones serían los impagados hasta el 2007 en concepto de impuesto sobre el patrimonio.
Sumando los intereses de demora, el montante superaría los cien millones de euros, 102,8 según los cálculos de Hacienda. Así, dado que las cuantías rebasan ampliamente los 120.000 euros que tipifica el delito fiscal, Ruz argumenta en su resolución que debe perseguirse.