La Audiencia Nacional abre juicio oral a los directivos de Novacaixagalicia por las indemnizaciones millonarias

Gayoso, Pego, García de Paredes, Gorriarán y Rodríguez Estrada tienen 20 días de plazo para depositar una fianza de forma solidaria de 18 millones de euros y presentar un escrito de defensa frente a las acusaciones de apropiación indebida o, alternativamente, de estafa


La Voz | Efe

La Audiencia Nacional ha acordado abrir juicio oral a cinco antiguos directivos de Novacaixagalicia, surgida de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, entre ellos a su excopresidente Julio Fernández Gayoso, por el supuesto cobro indebido de prejubilaciones millonarias.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, decide además abrir juicio oral al ex director general de la entidad, José Luis Pego; al ex director general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; al antiguo responsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán; a uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, y al abogado Ricardo Pradas.

En el auto, con fecha de 4 de julio, el magistrado da 20 días de plazo para que presenten escrito de defensa frente a las acusaciones de apropiación indebida o, alternativamente, de estafa, y para que de forma solidaria y en el mismo plazo presenten una fianza de 18.915.292 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se les pudieran imponer. Se ratifican, además, las medidas cautelares de carácter personal adoptadas en el transcurso de este proceso y se requiere a los acusados que presten una fianza por la suma de 18.915.202 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponerse, con el apercibimiento de que, de no prestarla, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.

Contra este auto no procede recurso alguno, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados, pudiéndose reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas.

Los pagos millonarios

En su auto de febrero, con el que se completó la instrucción, el juez Ismael Moreno apuntaba inicialmente a Gayoso, ex presidente de Caixanova, como responsable de los contratos de alta dirección firmados primero con José Luis Pego, antes de la fusión con Caixa Galicia, en octubre del 2010. Posteriormente, fue Pego quien replicó esos contratos con Gorriarán y con Rodríguez Estrada, también en Caixanova. Cuando nació la caja única, Novacaixagalicia, en diciembre del 2010, Pego firmó un contrato similar de alta dirección con Javier García de Paredes, que procedía de Caixa Galicia. Este último fue el único que manifestó su intención de reintegrar el dinero, y en su declaración ante Moreno recordó que el cobro íntegro de su cantidad se hizo por recomendación de banco. García de Paredes fue el único despedido desde NCG Banco, ya con el FROB (el Estado) dentro. Pego, Gorriarán y Estrada fueron indemnizados desde Novacaixagalicia, antes de la nacionalización.

Según el auto, estos cuatro directivos percibieron unas indemnizaciones que suman 18,9 millones de euros. La documentación y cuantías a abonar si se les despedía -algo que sucedió en el 2011- «no fueron conocidos ni aprobados por el consejo de administración de la caja ni tampoco por el Banco de España hasta después de su pago», dice el auto. Aunque en un informe entregado por peritos de este organismo se lee: «Resultaba difícil de sostener que se podía haber dejado de abonar a los directivos en cuestión las cantidades pactadas para el caso de prejubilación».

Según el instructor, para los contratos y las indemnizaciones no se tuvo en cuenta ni la ayuda recibida por parte del Estado -1.162 millones de euros para la fusión de Caixanova y Caixanova- ni la situación económica de la entidad. Y para todo ello se contó con el asesoramiento de Ricardo Pradas.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción solicitó tres años de prisión para el excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, cuatro antiguos directivos de la caja y un abogado por la presunta comisión de delitos de apropiación indebida y, alternativamente estafa, por asignarse prejubilaciones millonarias pese a la difícil situación que atravesaba la entidad.

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