Los sindicatos están soliviantados con la intención de Hacienda de gravar las indemnizaciones por despido que superen los dos mil euros al año y confían en que la voluntad de diálogo mostrada por el ministro Montoro permita introducir modificaciones. Así lo manifestó ayer en A Coruña el secretario general de UGT, Cándido Méndez, que entiende que, de aplicarse en estos términos, la tributación del despido «sería la segunda vuelta de la reforma laboral, porque provocaría una reducción añadida de la indemnización» que ya se vio recortada por los cambios en la normativa laboral aprobados por el Ejecutivo, informa Javier Becerra.
Mucho más gráfico fue su homólogo en Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, que criticó que el Gobierno haga pagar a todos los ciudadanos por los casos esporádicos de fraude que se pueden producir en la simulación de despidos improcedentes, sobre todo en altos ejecutivos: «Si hablamos de 20, 40 o cien personas, no se puede dar una patada en el culo al conjunto de la gente que se ve despedida involuntariamente». Y alertó de que un trato fiscal gravoso de las indemnizaciones dificultaría la negociación de los expedientes de regulación de empleo o las prejubilaciones en empresas con dificultades.
A las voces críticas con esta medida se sumó la del exdirector de la Agencia Tributaria con Aznar, Ignacio Ruiz-Jarabo, que cuestiona la constitucionalidad de gravar los despidos con efecto retroactivo desde el pasado día 20. Entiende que una ley solo puede entrar en vigor cuando es aprobada y publicada, y no cuando «se lee en el Consejo de Ministros», por lo que sería fácil que un tribunal la tumbe.
Las críticas no hacen mella en el Ejecutivo, que ayer defendió las bondades de una reforma que el presidente Rajoy calificó de «magnífica», en respuesta a los reproches del líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que le afeó que «si subimos los impuestos nos critican y si los bajamos, también».