A las cinco en punto como estaba previsto, José Antonio Portugal Alonso, representante del FROB, acompañado de otros dos miembros del Fondo, y Francisco Serna, como secretario del consejo, dieron inicio a la primera junta de NCG Banco a la que podían acudir otros accionistas. Los presentes o representados fueron 36, entre ellos un grupo de preferentistas, el mayor quebradero de cabeza de los últimos años de los gestores de la entidad.
En primera fila seguían la junta Juan Carlos Escotet, Francisco Botas y Javier Etcheverría, los nuevos dueños del banco. También José María Castellano, figura clave en el pasado y presente de la entidad. El objetivo era mantener un proyecto financiero propio para Galicia.
Comienza la junta. Corbatas y trajes chaqueta o pantalón revelan la presencia de directivos. En el medio, salpicando el foro, accionistas como un director de oficina ya jubilado que vendió y compró preferentes, por lo que desea el arreglo del problema por partida doble: «Me dicen que este señor [por Escotet] tiene previsto que el problema esté totalmente arreglado en septiembre».
Escotet escuchó la media docena de intervenciones de los accionistas o de sus representantes. Verónica Pazos, en nombre de Adicae, leyó el escrito más directo. Pidió que los nuevos gestores empezaran desde cero y estuvieran abiertos a un diálogo para solucionar un problema que todavía tiene damnificados. Informó de que sus representados no aprueban ni las cuentas del ejercicio del 2013 ni la gestión en una entidad que tiene «accionistas forzosos» a los que «no se les ha resuelto el problema».
Con un discurso duro y radical realizó su intervención Manuel López, de la plataforma de Ferrolterra, uno de los que tenía más acciones en representación (un número superior a 20.000). Y luego hablaron representantes de los trabajadores, preocupados por la reducción de plantilla; y abogados que pidieron información sobre la solvencia o el incremento de la morosidad.
Portugal fue respondiendo a todas las preguntas, y reconoció la dureza de las quitas, realizadas «para cumplir la ley». «El banco ha hecho todo lo posible» para superar una medida tan coercitiva. «Se ha devuelto el 84 % del saldo de los minoristas. Y hay clientes que quieren seguir siendo accionistas».