Anticorrupción pide el castigo máximo para los exdirectivos de la antigua caja

La Fiscalía Especial contra la Corrupción lo tiene claro. Julio Fernández Gayoso, junto con el abogado Ricardo Pradas, fueron cooperadores necesarios y, por lo tanto, igual de culpables que los cuatro exdirectivos que abandonaron la entidad durante el proceso de fusión de las antiguas cajas con indemnizaciones que suman 18,9 millones de euros.

Los beneficiarios de las jubilaciones de oro fueron los exdirectores generales José Luis Pego Alonso (7,7 millones) y Francisco Javier García de Paredes (5,6 millones); el encargado de Asuntos Institucionales, Óscar Rodríguez Estrada (691.000 euros) y el exdirector comercial Gregorio Gorriarán (4,8 millones).

Para los seis, el fiscal solicita penas de tres años de prisión, multa de 250 euros diarios durante 10 meses (75.000 euros) y tres años de inhabilitación para el ejercicio profesional en el sector financiero o bancario. Se trata del castigo máximo que contempla el Código Penal para los delitos que se le imputan a los seis procesados: apropiación indebida (de 6 meses a 3 años) y administración desleal (de 6 meses a 4 años). El escrito genera dudas sobre la concreción de estas imputaciones en el momento del juicio, ya que dice que «alternativamente» los hechos podría ser constitutivos del delito de estafa. Fuentes jurídicas consultadas explican que esto podría deberse a la falta de seguridad en la imputación.

En todo caso, Anticorrupción concluye que los contratos de alta dirección autorizados por Gayoso para favorecer a los cuatro ex directivos «son nulos de pleno derecho» y establece el deber de devolver a Novacaixagalicia (ahora Novagalicia Banco, «solidariamente e íntegramente las cantidades ilícitamente percibidas», es decir, 18.915.291,56 euros, en total.

¿En qué se basa la fiscalía para intentar convencer al juez, Ismael Moreno, de que los cinco imputados son culpables?

La moral como argumento

En primer lugar, en la moralidad o la falta de ella. Ya que el documento fiscal de 10 folios insiste mucho en la «complicada situación financiera» en la que se encontraba Novacaixagalicia en el momento en que se pactaron las indemnizaciones. La entidad acababa de recibir un primer rescate del FROB (Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria) por un importe de 1.162 millones y, según el escrito fiscal, los 18,9 millones que percibieron los ex directivos suponían en aquel momento, en el que la caja estaba en número rojos, el 29 % del valor atribuido a la entidad. Pese a ello, Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán «acordaron, movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial, introducir mejoras económicas en sus contratos de alta dirección y rentas vitalicias, ante su previsible salida de la entidad», dice el documento. La salida de García de Pareces se produjo días más tarde. «El nuevo presidente de la entidad, José María Castellano liquidó su indemnización, en la creencia de que se ajustaba a la legalidad», afirma el documento .

La conducta de Gayoso también es objeto de tacha moral, ya que, «como máximo gestor de la entidad, le era exigible la mayor diligencia en la salvaguarda de los intereses» de esta.

El Ministerio Público exculpa en todo momento a los miembros del consejo que aprobaron la propuesta de mejora de los contratos, argumentando que se les ocultó información. «Julio Fernández Gayoso, con plena ignorancia del consejo de administración y, anteponiendo los intereses particulares de los directivos de la entidad que con diligencia debía gestionar, aprobó y liquidó los importes correspondientes», expone el escrito provisional de conclusiones.

Inconsistencia

Fuentes de la defensa afirmaron ayer que el escrito fiscal «se basa en meras conjeturas y presunciones que han sido desvirtuadas a lo largo de la fase de instrucción, y que lo volverán a ser en el acto del juicio».

Respecto a las ocultaciones al consejo, explican que los tres únicos consejeros en que la Fiscalía fundamenta su acusación (de los 21 que formaban el órgano) reconocieron tener a su disposición los contratos antes de la junta. Aseguran quelos miembros del comité de retribuciones dijeron al juez que se consideraban suficientemente informados cuando votaron.

En cuanto a la calificación jurídica, la defensa mantiene que «sigue sin concretarse [apropiación indebida, administración desleal, alternativamente estafa] lo que es demostrativo de la inconsistencia de la imputación».