Anulados los despidos en Coca-Cola por hurtar información y esquirolaje

La empresa recurrirá para tratar de frenar la readmisión de 821 trabajadores

Los despedidos de la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada se concentraron ante la Audiencia Nacional el día del juicio.
Los despedidos de la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada se concentraron ante la Audiencia Nacional el día del juicio.

Redacción / La Voz

En una extensa, densa y por pasajes dura sentencia, la Audiencia Nacional ha tumbado el ERE de Coca-Cola Iberian Partners, el embotellador único de la multinacional de refrescos estadounidense para España y Portugal, que en marzo de este año ejecutó un expediente de regulación de empleo (ERE) que se tradujo en el despido de 821 trabajadores -a través de bajas voluntarias, salidas forzosas y prejubilaciones- y el traslado de otros 327. Tras considerar probado que concurren hasta cuatro causas de anulación, el tribunal ordena la readmisión de los despedidos -la modificación sustancial de las condiciones de trabajo será objeto de otro juicio el día 24- y el abono de los salarios desde la fecha en que dejaron la empresa.

Estima así los recursos interpuestos por Comisiones, UGT y CSI-F contra el despido colectivo, que Iberian Partners justificó por causas organizativas y productivas y que, según el criterio de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, tiene su origen en la integración de los siete embotelladores regionales que hasta entonces operaban en España, tras el cual se articularon una serie de medidas para reducir costes, que pivotaban sobre el cierre de cuatro fábricas (las de Madrid, Asturias, Alicante y Palma de Mallorca) y la consiguiente reducción de plantilla.

Pero entienden los jueces, que aceptan tres de las once causas de nulidad que planteaban los sindicatos, que la empresa no ejecutó por el libro ese proceso de fusión y que incurrió en distintos «incumplimientos de la legalidad laboral y contable». Y es que, pese a determinar que Iberian Partners sí puede considerarse como un grupo de empresas a efectos laborales, y como tal podía plantear la regulación de empleo, nunca informó del cambio de empresario a los representantes de los trabajadores, que se mantenían de alta en sus respectivas empresas y que se encontraron «sorpresivamente» con el cambio cuando fueron convocados para negociar los despidos. De hecho, algunas embotelladoras regionales, como Begano, habían renovado sus convenios pocos días antes de anunciarse el ajuste.

Omisión de un plan industrial

Por ello, concluye que se ha producido «un completo y manifiesto incumplimiento de las obligaciones de información, consulta y negociación en el supuesto de cambio de titularidad de la empresa». Falta de información que también extienden al período de consultas del ERE, por la omisión de un plan industrial en el que se explicase a los representantes de los trabajadores cómo se organizaría la producción tras el despido colectivo, que los jueces entienden que sí era relevante «para valorar las causas y negociar sobre la posibilidad de evitar o reducir los despidos».

Por último, el fallo ve probado que la empresa vulneró el derecho a la huelga de sus trabajadores, por las prácticas de «esquirolaje» que se produjeron en el embotellador madrileño Casbega, adonde la empresa mandó camiones con mercancía desde otros puntos de España para evitar problemas en el suministro por la huelga indefinida decretada desde finales de enero en la planta de Fuenlabrada (que llegó a reducir en un 48,6 % las ventas de refrescos de la marca en la capital en febrero, según se recoge en el fallo). Actos que, según los jueces, «vacían» el derecho de huelga y afectaron al período de consulta del ERE, en tanto que mitigó los efectos del paro como instrumento de presión.

¿Y ahora qué? El panorama que se abre es complejo, porque pese a los llamamientos de los sindicatos a la empresa para que acate el fallo y se siente a negociar medidas de ajuste alternativas que respeten el empleo, la filial española de Coca-Cola ya ha anunciado que su embotellador recurrirá ante el Supremo la sentencia que, advierten, «no afecta a la situación de las cuatro plantas que se han cerrado» ni supondrá la reincorporación inmediata de los despedidos, «que tendrán que aguardar a una sentencia firme».

Sentencia «incomprensible»

La multinacional, que ve «incomprensible» la decisión del tribunal, se lamenta de la «incertidumbre» que va a generar entre los trabajadores. Su presidente en España, Marcos de Quinto, que nunca esquiva una polémica, abundaba en las redes sociales: «El aparente triunfo sindical no lo es para los trabajadores: mientras los primeros brindan, los segundos rezan», apuntó. Para concluir que «las fábricas que cerraron seguirán cerradas, la sentencia se recurrirá y el ERE seguirá».

De hecho, el bufete que representa a Iberian Partners en el proceso rebajó ayer la cifra de potenciales readmitidos a 559, los despedidos forzosos y prejubilados, dejando al margen a los 262 empleados que se acogieron a bajas voluntarias, a pesar de que en la sentencia se especifica que «se les entregaron cartas indicando que eran despedidos en virtud del despido colectivo».

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