Los exdirectivos de la antigua caja gallega, a un paso ya de ser juzgados
ECONOMÍA
La Audiencia Nacional rechaza los últimos recursos para anular el caso
12 jun 2014 . Actualizado a las 15:08 h.Después de más dos dos años de instrucción, ya finalizada, la Justicia está a punto de sentar en el banquillo de los acusados a cinco exdirectivos de Novacaixagalicia y a un abogado como supuestos autores de un delito apropiación indebida o, alternativamente, de estafa por sus millonarias indemnizaciones y pensiones. Según fuentes judiciales conocedoras del caso, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de desestimar los últimos recursos presentados por las defensas de estos seis imputados, recursos en los que se pedía la nulidad del proceso por diferentes motivos. Ahora se ha dado traslado a las distintas partes para que formulen sus escritos finales. Y esos informes ya no serán recurribles, según las mismas fuentes.
En este proceso están imputados Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Óscar Nelson Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán y Javier García de Paredes, todos ellos altos cargos de Novacaixagalicia y previamente también de Caixanova (los cuatro primeros) y de Caixa Galicia (el quinto). El sexto señalado es Ricardo Pradas, abogado madrileño que asesoró a Caixanova durante varios años y también a la caja fusionada en los contratos de alta dirección que originaron esas elevadas indemnizaciones.
El procedimiento
Estos escritos de acusación los presentarán en primer lugar la Fiscalía Anticorrupción, que es la que ha llevado el peso de todo este caso. Son dos fiscalas en las que ha descargado buena parte del trabajo del juez Ismael Moreno, a cargo de la instrucción. También podrán presentar sus alegaciones las defensas de los 6 implicados, y la asociación Adicae y Novagalicia (el FROB), que están personados por separado como acusación particular.
Una vez que se presenten todos estos escritos tendrá que pronunciarse la Sala de lo Penal para abrir esa fase final y fijar la fecha de juicio de estos seis imputados. Y ante esa decisión, como se apuntaba anteriormente, no cabe ya recurso. Cuándo se sabrá todo esto es una incógnita.
En su auto de febrero, con el que se completó la instrucción, el juez Ismael Moreno apuntaba inicialmente a Gayoso, ex presidente de Caixanova, como responsable de los contratos de alta dirección firmados primero con José Luis Pego, antes de la fusión con Caixa Galicia, en octubre del 2010. Posteriormente, fue Pego quien replicó esos contratos con Gorriarán y con Rodríguez Estrada, también en Caixanova. Cuando nació la caja única, Novacaixagalicia, en diciembre del 2010, Pego firmó un contrato similar de alta dirección con Javier García de Paredes, que procedía de Caixa Galicia. Este último fue el único que manifestó su intención de reintegrar el dinero, y en su declaración ante Moreno recordó que el cobro íntegro de su cantidad se hizo por recomendación de banco. García de Paredes fue el único despedido desde NCG Banco, ya con el FROB (el Estado) dentro. Pego, Gorriarán y Estrada fueron indemnizados desde Novacaixagalicia, antes de la nacionalización.
Pagos de 18,9 millones
Según el auto, estos cuatro directivos percibieron unas indemnizaciones que suman 18,9 millones de euros. La documentación y cuantías a abonar si se les despedía -algo que sucedió en el 2011- «no fueron conocidos ni aprobados por el consejo de administración de la caja ni tampoco por el Banco de España hasta después de su pago», dice el auto. Aunque en un informe entregado por peritos de este organismo se lee: «Resultaba difícil de sostener que se podía haber dejado de abonar a los directivos en cuestión las cantidades pactadas para el caso de prejubilación».
Según el instructor, para los contratos y las indemnizaciones no se tuvo en cuenta ni la ayuda recibida por parte del Estado -1.162 millones de euros para la fusión de Caixanova y Caixanova- ni la situación económica de la entidad. Y para todo ello se contó con el asesoramiento de Ricardo Pradas.
La fase de instrucción, en todo caso, ha tenido vaivenes. Por ejemplo, en el escrito de febrero desapareció el posible delito de administración desleal y se sustituyó por el de estafa. Se mantuvo el de apropiación indebida. Los errores que han advertido las defensas en varios momentos de la investigación no se han tenido en cuenta, atendiendo a la situación actual de este proceso.