Hechos como, por ejemplo, haber realizado 210 nuevas contrataciones mientras se tramitaba el expediente pesan en contra de la compañía
04 jun 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional se plantea anular, al menos en parte, el polémico expediente de regulación de empleo (ERE) presentado en enero por el grupo distribuidor de Coca-Cola en España, Iberian Partners. Las 1.253 personas afectadas quedaron finalmente en 1.190 (alrededor de un centenar en Galicia) y también se cerraron cuatro de sus 11 fábricas (Fuenlabrada, Oviedo, Alicante y Palma de Mallorca).
Frente al optimismo mostrado por el presidente de Coca-Cola España, Marcos de Quinto, quien dijo la semana pasada que lo más probable es que la justicia diga que «todo está correcto», los magistrados que celebraron ayer la vista de los recursos de impugnación contra el ERE tienen serias dudas al respecto, según fuentes jurídicas. Hechos como, por ejemplo, haber realizado 210 nuevas contrataciones mientras se tramitaba el expediente pesan en contra de la compañía.
Eso es lo que denunció la Inspección de Trabajo en abril en un informe donde, además, desvelaba otras irregularidades. Así, no aclaró las causas productivas y organizativas que alegó para justificar el ERE -dado que no tenía perdidas-, ni tampoco el impacto que tendrían sus medidas en el funcionamiento de cada planta. Esto último resulta clave, en la medida de que podría haber permitido buscar otras alternativas, como eliminar parte de las bajas transfiriendo producción de una a otra. Los sindicatos denunciaron que Iberian Partners -la embotelladora- «no es una empresa laboral unitaria» y, por tanto, carece de legitimación para presentar un ERE.