«Tener casa propia se ha convertido en una pesadilla en España», avisa una oenegé

Human Rights reclama la dación en pago y un procedimiento para librarse de la deuda


Redacción / La Voz

«El sueño de tener casa propia se ha convertido en una pesadilla de ejecuciones hipotecarias, desahucios y sobreendeudamiento». Esa es la conclusión a la que ha llegado Judith Sunderland, investigadora de la influyente oenegé Human Rights Watch (HRW) y autora de un estudio que alerta de que la crisis del mercado inmobiliario en España pone en riesgo los derechos humanos de las familias que no pueden hacer frente a sus deudas. Y, especialmente, de colectivos más vulnerables, como inmigrantes, niños o víctimas de malos tratos.

Y es que, más allá de la pérdida de la vivienda, ya de por sí traumática, la organización censura la «ausencia de procedimientos auténticos de insolvencia personal» y una peculiar regulación hipotecaria que hacen que los desahuciados «puedan encerrarse en un ciclo de deudas sin perspectivas reales de liberarla». «Es casi imposible para la gente común declararse en quiebra en España, lo que significa una deuda abrumadora que les acompañará hasta la tumba», apunta Sunderland, que entiende que «las personas que viven con niveles extremos de deuda deberían tener una segunda oportunidad».

La oenegé alerta en su informe de que la losa de deuda tendrá consecuencias de por vida en los desahuciados, que al ser incluidos en registros de morosos no solo lo tendrán más difícil para alquilar o para contratar una línea de teléfono, sino que «tienen una mayor probabilidad de trabajar en la economía sumergida», más riesgo de enfermar y de verse apartados de su familia y amigos, «porque les deben dinero o porque no pueden permitirse tener interacciones sociales».

Los deberes del Gobierno

La oenegé, que certifica que ha sido la sociedad civil la que «ha dirigido la lucha en estos temas», con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca como máximo exponente, censura que el Ejecutivo no ha hecho todo lo que tenía en su mano para mitigar los efectos del drama de los desahucios, al tiempo que advierte de que «los gobiernos deben ser juzgados por cómo manejan las consecuencias humanas de la crisis, no solo por los indicadores macroeconómicos». Por ello, apremian a adoptar medidas para aliviar la situación, principalmente mediante la creación de un procedimiento «simple y asequible para la liberación de la deuda personal» y la introducción de la dación en pago.

En lo relativo a la moratoria de desahucios, HRW exige que se amplíe hasta que la economía dé signos de mejoría y que se asegure que ninguna familia con menores a su cargo sea expulsada de su hogar (actualmente solo se benefician de la moratoria las que tienen niños de hasta tres años), por los efectos que tendría sobre su desarrollo. Lanza también un mensaje a Bruselas: reclama que, igual que hace con el déficit, imponga políticas para reducir los desahucios.

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