Medio Ambiente da luz verde a las prospecciones de Repsol en Canarias

Según ha informado el departamento que lleva el proyecto, esta fase «no implica en ningún caso la extracción de petróleo»


El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha resuelto de forma favorable la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de perforación de sondeos exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos Canarias 1 a 9, que se enclava en una zona que ha sido propuesta para ser designada espacio de la Red Natura 2000 y Lugar de Interés Comunitario (LIC) marino por su importancia ambiental.

Así, la DIA señala que los sondeos de investigación, para que Repsol pueda valorar la existencia de hidrocarburos en la zona, se realizarán mediante un buque de posicionamiento dinámico situado a unos 60 kilómetros de las costas canarias. La operación consistirá en tomar muestras de roca o fluidos.

Según ha informado este departamento, el proyecto evaluado «en esta fase no implica en ningún caso la extracción de petróleo» y, en el caso de que el promotor, es decir, Repsol, quiera sacar hidrocarburos en este lugar, tendrá que presentar un nuevo proyecto que también deberá someterse a un nuevo procedimiento de Evaluación Ambiental.

La DIA aprobada reconoce que el proyecto tiene «una serie de impactos» previstos en la realización del sondeo e incluye medidas «preventivas y correctoras». En concreto, se han analizado medidas de control de fuentes lumínicas, ruido y ripios y lodos procedentes de los sondeos.

Además, la autorización incluye también una serie de medidas correctoras para «garantizar la no afección» a la Red Natura 2000 ni a los espacios propuestos como Lugares de Interés Comunitario (LIC) marinos.

El Ministerio ha concluido en su declaración que «no se producirán impactos adversos significativos» siempre que el promotor, en este caso Repsol, adopte las medidas correctoras previstas.

Asimismo, asegura que en la evaluación ambiental del proyecto ha intervenido un equipo multidisciplinar que ha aplicado «rigurosos conocimientos científicos» para determinar las medidas más adecuadas para que el proyecto pueda llevarse a cabo con las máximas garantías ambientales. En este procedimiento, se han aplicado criterios científicos y técnicos tanto en la identificación de los posibles impactos cómo en la determinación de las medidas de control.

Además, la Declaración de Impacto Ambiental incluye como medida preventiva un análisis de riesgos que estudia la posibilidad de hipotéticos sucesos accidentales, que deberán ser tomados en consideración por el órgano sustantivo (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) en el proceso de autorización definitiva del proyecto.

Con motivo de esta DIA, el Ministerio ha añadido que, como novedad y para garantizar la máxima transparencia de este proyecto, se prevé la puesta en marcha de un sistema de seguimiento de dicho proyecto, de acceso público a través de la página web del promotor para que los interesados puedan tener información actualizada para seguir su evolución.

Las ONG lo consideran un «despropósito sin precedentes»

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran «un despropósito sin precedentes» que el Ministerio de Medio Ambiente haya dado luz verde a Repsol para buscar petróleo en aguas de Canarias y atribuyen «las prisas» en la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a su intención de «presionar» al Tribunal Supremo.

Según afirman, el Estudio de Impacto Ambiental con el que se ha elaborado la declaración que autoriza los sondeos de petróleo «ha estado lleno de irregularidades» y «ni siquiera se había concluido», ya que había documentos que, dicen, «aún estaban sometidos a información pública». Por eso, plantean que «las prisas por sacar ahora la DIA puedan ser una forma de presionar al Supremo sobre el sentido de su decisión».

«Resulta chocante que esta decisión tan impopular se tome justo ahora, una vez pasadas las elecciones al Parlamento Europeo, pero para las organizaciones ambientales resulta aún más injustificable el hecho de que no se haya esperado a la próxima sentencia del Tribunal Supremo, que previsiblemente se iba a pronunciar sobre el recurso presentado por las administraciones canarias en menos de dos semanas», explican.

En concreto, la Sala Tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo había fijado para el 10 de junio la votación y fallo de los siete recursos interpuesto por administraciones públicas Canarias, organizaciones ecologistas y movimientos sociales contra las autorizaciones del Gobierno para realizar perforaciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, conforme recuerdan las entidades.

«Por otro lado, las prisas para aprobar estas prospecciones contrastan llamativamente con el retraso que ha sufrido la declaración de la zona de la Red Natura 2000 que linda con los terrenos a prospectar, que ha sido manifiestamente demorada en su tramitación a pesar de sus grandes valores ambientales, mientras que se aprobaban el resto de zonas marinas», plantean.

En un comunicado, inciden en que se trata de un «acto injustificable» y alertan del «grave riesgo» que la búsqueda de petróleo puede acarrear, pues las prospecciones «suponen una fortísima afección sobre la fauna marina protegida (cetáceos, tortugas) y sobre los recursos pesqueros», pero, además, «da lugar a graves riesgos de vertidos por las explotaciones petrolíferas a gran profundidad, como ya han puesto en evidencia trágicos y catastróficos sucesos como el del Golfo de México».

«Precisamente cuando todos los informes científicos apuntan a que la única forma de limitar los negativos efectos del cambio climático es dejar bajo tierra la mayor parte de las reservas (de petróleo), el Ministerio toma esta decisión que abre la puerta a graves impactos, vertidos, daños a las poblaciones de cetáceos, a la actividad turística en la que se basa la economía canaria», denuncian las organizaciones.

Asimismo, destacan que la decisión «se toma en contra de la mayor parte de la población de las Islas Canarias, que se ha mostrado contundente y clara en su oposición firme a estas explotaciones que, lejos de suponerles beneficios, serán un estigma y una espada de Damocles sobre su principal actividad económica, el turismo».

Por todo ello, han anunciado que tratarán de «impedir por todos los medios legales posibles la realización de las prospecciones, recurriendo a todas las instancias europeas y estatales».

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