La supresión de la maraña de entes autonómicos permitiría al Estado economizar otros 4.000 millones
25 may 2014 . Actualizado a las 21:54 h.En las hemerotecas hibernan numerosas propuestas, que en su día motivaron enconadas, efímeras y a la postre estériles discusiones, para extirpar la grasa de las Administraciones Públicas españolas y corregir la cojera de sus cuentas. El listado es amplio. Comprende desde la eliminación de las diputaciones provinciales de régimen común, o la supresión del Senado, hasta la simplificación del fragmentado mapa municipal. Desde el apagado de las televisiones autonómicas hasta la racionalización de esa maraña de entes y organismos que proliferan al calor de los presupuestos públicos. Propuestas para frenar la reproducción mimética de decenas de instituciones, para delimitar competencias y atribuciones que se solapan o para liquidar la infinidad de prebendas adjuntas al ejercicio del poder que drenan recursos públicos y convierten a la Administración en una maquinaria tan pesada como cara e ineficiente.
Cierto que todas esas propuestas y los esporádicos debates que suscitaron están entreverados por la ideología y el interés político inmediato. En julio del 2011, Rubalcaba afirmó que las diputaciones provinciales -«estructuras del siglo XIX»- «sobran». «Le sobran», replicó la popular Ana Mato, «porque el PSOE perdió las elecciones [locales]». El presidente de la Diputación de Badajoz, una de las ocho que conservaron los socialistas, terció en la polémica tildándola de «serpiente de verano». Probablemente los tres dirigentes tenían razón. La discusión se apagó y los recortes sobrevolaron, sin rozarlas, a las 38 diputaciones de régimen común: su gasto aumentó un 0,9 % en los dos últimos años, al pasar sus presupuestos de 5.775 millones en el 2011 a 5.825 en el 2013.
Más de 8.000 municipios
En mayo del 2010, Grecia suprimió las dos terceras partes de sus municipios. La ley, una de las contrapartidas exigidas por Bruselas a cambio del primer plan de rescate de aquel país, refundía en 355 los 1.034 ayuntamientos existentes y establecía un mínimo de 10.000 habitantes por municipio. Con la reforma, el Gobierno heleno preveía reducir a la mitad el número de cargos municipales y ahorrar 1.185 millones de euros. También Portugal e Italia acometieron por aquel entonces la reducción de su estructura administrativa.
Mariano Rajoy, líder de la oposición en aquel momento, consideró que la medida griega iba «en la buena dirección». Refiriéndose a su país, sentenció: «Creo que hay demasiados municipios». Nadie lo desmintió. España cuenta en la actualidad con 8.117 municipios. Un enorme mosaico de piezas diminutas en su mayoría: más de la mitad -4.892 exactamente- tienen menos de mil habitantes y 1.180 no alcanzan los cien vecinos.
La simplificación del mapa municipal, heredado a grandes rasgos de las Cortes de Cádiz, iba a proporcionar grandes ahorros y evitar así que la guillotina descargase sobre el Estado del bienestar. Pero el debate se esfumó sin ningún resultado práctico, más allá de algún gesto para la galería, como la fusión de los concellos de Oza y Cesuras.
El año pasado, arrumbada la idea de multiplicar las fusiones, el Gobierno se propuso determinar el coste estándar de los servicios municipales: alumbrado, cementerio, recogida de basuras, abastecimiento de agua y pavimentación de vías públicas. El examen concluyó que el 92 % de los municipios con menos de cinco mil habitantes -5.586 de 6.799- eran ineficientes: el coste de los servicios obligatorios triplicaba al de los grandes municipios. La mejora de la eficiencia, sobre todo la prestación de esos servicios por las diputaciones, permitiría ahorrar 7.129 millones de euros hasta el 2015.
Chiringuitos varios
En el 2011, el Ministerio de Hacienda se propuso desenredar una gigantesca maraña integrada por 2.161 sociedades, fundaciones, consorcios y entes de diversa naturaleza jurídica creados por las comunidades autónomas. El compromiso asumido constaba de dos partes: la extinción de muchos de esos organismos para reducir su plantilla global en 5.401 empleados y ahorrar 1.753 millones de euros; y la reestructuración de los restantes, que supondría rebajar los efectivos en 8.840 personas y recortar el gasto en 2.289 millones. En total, 14.241 bajas y un ahorro estimado superior a los 4.042 millones de euros en el período 2011-2013.
Aparte de ese entramado de carácter empresarial, existe un enjambre de duplicidades y competencias que se solapan entre los cuatro niveles de gobierno: Administración central, comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones. Muchas de esas redundancias surgieron durante la procelosa configuración del Estado autonómico. Unas veces debido a que la Administración central no desmontó sus estructuras administrativas a medida que traspasaba competencias y servicios a las comunidades autónomas. Otras veces, a la inversa, porque las comunidades autónomas reprodujeron miméticamente, en cada territorio, instituciones del Estado: televisiones públicas, consejos de cuentas, consejos consultivos, consejos económico y sociales, defensores del pueblo o servicios meteorológicos.
En ese contexto se inscribe la creación de trece televisiones autonómicas -doce, tras el cierre de la valenciana- que copian el modelo -y los vicios- de la pública estatal y cuestan a los contribuyentes mil millones de euros al año. O los once ombudsman u órganos autonómicos de defensa de los derechos fundamentales, cuya supresión y asunción de funciones por el Defensor del Pueblo permitiría ahorrar 30,1 millones de euros al año, según la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. O los doce consejos de cuentas, cuya integración en un único órgano supondría un ahorro superior a 61 millones.
La comisión oficial creada ad hoc enumera docenas de duplicidades administrativas, si bien no siempre cuantifica el ahorro que comportaría su eleminación. La relación comprende 132 oficinas autonómicas en el exterior, encuestas e investigaciones sociológicas a porrillo, consejos consultivos a imitación del Consejo de Estado, tribunales autonómicos de la competencia, agencias de protección de datos o servicios meteorológicos que realizan las mismas funciones que la agencia estatal Aemet.
de dónde se recorta
Los michelines de la Administración, a pesar de la cirugía aplicada al gasto público, siguen ahí. No ha habido liposucción. Los Gobiernos no se atrevieron a hincar el diente a las reformas de calado -fusión municipal, supresión de las diputaciones, cambio del papel del Senado...- y tampoco metieron mano al cúmulo de ineficiencias y despilfarros por considerarlos el «chocolate del loro», gastos de escasa significancia que nadie se tomó la molestia de sumar. A la hora de lidiar con la crisis, optaron por dirigir el bisturí hacia las grandes bolsas de dinero que conforman el corazón del Estado del bienestar.
La sanidad, la educación y los servicios sociales, además de las infraestructuras, fueron los principales gastos sacrificados, al menos en los dos últimos años. Y puesto que esas políticas sociales son competencia de las comunidades autónomas, fueron estas las que soportaron en mayor medida los rigores de la austeridad prescrita. Los presupuestos generales de los años 2011 y 2013 constituyen, a falta de las correspondientes liquidaciones, una sonda para identificar las principales víctimas de los recortes.
El gasto consolidado del Estado, incluidos la Seguridad Social, agencias y demás organismos públicos, aumentó un 5,4 % -19.589 millones en términos absolutos- en los dos últimos años. Y todo ello a pesar de los hachazos asestados, por importe de casi 27.000 millones de euros, a diecinueve de las veintiséis políticas de gasto. Casi la mitad de ese ahorro se consiguió a costa de laminar el fomento del empleo (-3.551 millones), rebajar la dotación para prestaciones y subsidios de paro (-3.480 millones), cercenar la inversión en infraestructuras (-3.203 millones) y amputar las partidas destinadas a I+D+i (-2.565 millones). Pese al esfuerzo, los presupuestos crecieron, impulsados por el servicio de la deuda, las pensiones y las transferencias a otras administraciones públicas.
En el mismo bienio disminuyó un 5,5 % -9.099 millones- el gasto consolidado de las comunidades autónomas. La poda afectó a veinte de las veinticinco políticas de gasto autonómico, cuya dotación presupuestaria mermó en 15.643 millones en los dos últimos ejercicios. Más de dos tercios de estos recortes recayeron en cuatro políticas de gasto: sanidad (-3.644 millones), educación (-3.136 millones), infraestructuras (-1.970 millones) y fomento del empleo (-1.894 millones). Aumentó, por el contrario, el desembolso para hacer frente al pago de intereses y amortizaciones de la deuda autonómica: 6.371 millones más que dos años antes.
En el caso de las entidades locales, los ayuntamientos fueron los grandes sacrificados: su gasto total se redujo en 7.268 millones de euros, lo que supone una disminución del 14,8 %. Los recortes se centraron en las funciones de vivienda y urbanismo (-2.039 millones), cultura (-944 millones), servicios sociales (-941 millones) e infraestructuras (-742 millones). Por el contrario, el gasto de las diputaciones de régimen común no sufrió merma alguna (aumentó en 50 millones de euros).
MENOS GASTO EN PERSONAL
La evolución de los gastos en personal al servicio de las Administraciones Públicas prueba dos cosas: primera, que el Estado endilgó los mayores recortes a comunidades autónomas y ayuntamientos; y segunda, que los mayores sacrificios se centraron en los dos pilares básicos del Estado del bienestar: sanidad y educación.
En estos dos años de austeridad compulsiva, la Administración General del Estado incrementó en 690 millones de euros su gasto en personal. A tenor de las cifras, tampoco hubo merma apreciable en las plantillas de diputaciones y cabildos. Mientras tanto, las comunidades autónomas reducían la cuantía de sus nóminas en 2.411 millones de euros. Tres cuartas partes de este ahorro -1.803 millones de euros- se explica por la disminución del número de profesores, médicos, enfermeros y otro personal educativo y sanitario.
En solo dos años las autonomías recortaron sus presupuestos de educación y sanidad en 6.780 millones
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, explicó, en el transcurso de una jornada celebrada en Madrid el pasado febrero, las líneas básicas de la reforma de las Administraciones Públicas | benito ordóñez