La Xunta cifra el sobrecoste de la dispersión y el envejecimiento en 500 millones cada año

Elena Muñoz demanda un modelo que garantice la sostenibilidad de los servicios


Santiago de Compostela

Galicia tiene cada año un sobrecoste en su gasto sanitario que es 500 millones superior a la media del resto de las comunidades. Ello es consecuencia del creciente envejecimiento poblacional y por la dispersión de la población. Así lo ha asegurado esta misma mañana en Santiago la conselleira de Facenda en unas jornadas sobre financiación autonómicas, organizadas por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas). Es la primera vez que la Xunta pone cifras a dos de las principales variables que condicionan el gasto social para financiar servicios básicos en esta comunidad. Al igual que ha hecho en otras ocasiones, la titular de Facenda ha vuelto a asegurar que pedirá al Gobierno central una mayor ponderación de estos factores diferenciales en el diseño del futuro modelo, toda vez que encarecen la prestación de servicios fundamentales. «O modelo aprobado no 2009 non garantiu a sostenibilidade dos servicios básicos», dijo en la apertura de la jornada. Según los datos aportados por Elena Muñoz en la inauguración del simposio, Galicia supera ya en un punto la proyección del INE de población mayor de 65 añós en España para el 2023 y el transporte escolar es casi cuatro veces más caro que la media. El mensaje de la Xunta vuelve a ser claro: rechazo frontal a los trajes a medida, propuesta que suele estar amparada en las balanzas fiscales, difundidas ya incluso por dos comunidades del PP como Madrid y Extremadura, que se sienten fiscalmente perjudicadas. Facenda defiende que todos los ciudadanos de España deben recibir los mismos servicios de calidad con independencia del territorio donde vivan. Y eso pasa por dos cosas: que el volumen de población de cada territorio no sea el criterio que más pese en el reparto y por atender dos variables clave en el coste de los servicios, como la dispersión y el envejecimiento. La comunidad de Galicia, junto a Asturias, Aragón, Extremadura, La Rioja y Castilla y León, ya escenificó en marzo en Zaragoza (Aragón) esa posición conjunta. El trasfondo del conflicto catalán y la escasez de recursos económicos en tiempos de crisis ha avivado la batalla entre comunidades para definir el modelo de reparto en la financiación autonómica.

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