La principal entidad financiera de Galicia es una de las firmantes de ese código de buenas prácticas bancarias, un manual con herramientas para que la banca trate de frenar el número de ejecuciones hipotecarias. Según sus datos de cierre del 2013, Novagalicia «ha suspendido voluntariamente las tomas de posesión de viviendas habituales de particulares». Sostiene en su informe anual que casi el 70 % de las entregas que ha registrado «fueron voluntarias». Son porcentajes mejores que los de la media de España. Lo que haga esta entidad es relevante porque detrás -hasta su traspaso efectivo a Banesco en las próximas semanas- está el Estado, a través del FROB. Y su política es «tratar de evitar ejecuciones hipotecarias y desahucios de primeras viviendas». Ello no obsta para que regularmente se recojan casos de procesos forzosos en clientes de Novagalicia. Ayer mismo, en Baracaldo (Vizcaya).
Novagalicia sostiene que durante el ejercicio pasado «se renegociaron las hipotecas de 4.674 familias en dificultades económicas para ajustar sus condiciones a su capacidad real de pago».
El banco mantiene un saldo de casi 12.600 millones de euros en hipotecas, con una morosidad bastante controlada por ahora: el 6,4 % de sus clientes llevan al menos tres meses sin pagar.