La industria es reacia a compromisos de un año por la volatilidad de los precios
10 may 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El 85 % de las poco más de diez mil explotaciones lácteas que continúan con su actividad en Galicia han iniciado la presente campaña láctea -la última antes de la finalización de las cuotas- sin un contrato que cumpla con lo que establece la normativa: una duración mínima de 12 meses. Eso es lo que se desprende de los últimos datos actualizados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y que vuelven a poner en evidencia una realidad palpable en el campo gallego: el incumplimiento generalizado del llamado paquete lácteo, en vigor desde hace año y medio.
Con la excepción de Leite Río, que trabaja en la comunidad con unos 1.371 productores, y de Danone, que opera con poco más de 200, casi ninguna industria firma contratos que cumplan con la regulación vigente, lo que ha extendido la sensación entre las granjas de que las empresas, ante la falta de sanciones, actúan con total impunidad. Las compañías que envasan y transforman leche son reacias a firmar contratos largos en un contexto de volatilidad en los precios. Y máxime cuando dentro de un año, con el fin de las cuotas, y libertad plena para producir, habrá más excedentes de materia prima y, en consecuencia, caerá la cotización de la leche en origen.
El secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, anunció ayer en Santiago que enviarán a la nueva ministra - Isabel García Tejerina - un documento para que se cumpla el paquete lácteo y se introduzcan modificaciones que permitan corregir los fallos. En este sentido, el portavoz de la organización agraria pidió que los contratos tengan al menos una duración de 24 meses. «Isto protexería aos gandeiros de eventuais riscos e evitaría que se enfrontasen no futuro a situacións que non se dan na comunidade galega dende 1986: que haxa explotacións nas que quede o leite sen recoller», advirtió García.
El paquete lácteo contribuyó a la generalización de la figura de los contratos para regularizar las relaciones entre productores e industrias, que hasta entonces entregaban la leche sin saber ni cuándo ni cómo la cobrarían. Pero muchos de estos acuerdos escritos se firman por períodos inferiores a seis meses y sin fijar los parámetros objetivos de mercado que permitan modificar las condiciones al alza o a la baja, un mecanismo previsto para poner coto al poder unilateral que tenían las industrias lácteas para establecer el valor de compra de la leche.