La Xunta exigirá a Madrid que le ceda el impuesto a los depósitos bancarios

Rubén Santamarta Vicente
rubén santamarta REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Hacienda se plantea dar margen a las comunidades para que puedan incorporar ese gravamen, ahora en revisión

29 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

Santiago y Madrid están a punto de abrir un nuevo punto de fricción, en este caso a cuenta del impuesto a los depósitos bancarios, un gravamen ahora estatal, fijado al 0 %, pero que será reformado dentro del revolcón fiscal que antes de verano presentará el Ministerio de Hacienda. La Xunta exigirá en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera que este impuesto se transfiera al Gobierno autónomo, según explican fuentes de la Consellería de Facenda. De tal forma que ingrese el 100 % de su recaudación y decida posteriormente en qué se lo gasta.

De momento, no hay fecha para la celebración de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, y no parece nada probable que se celebre antes de las elecciones europeas, por aquello de la mala prensa que tiene anunciar un nuevo tributo antes de ir a las urnas.

No parece que la petición sea descabellada. Hacienda ha dejado entrever que dará cierto margen a las comunidades para que puedan recaudar, efectivamente, ese impuesto, pero marcando unos máximos, uniformando el tributo, algo «lógico», según expresaba ayer el número dos de Bankia.

Este gravamen supondrá fijar una tasa (entre el 0,02 y el 0,03?% se especula) a las entidades financieras por los depósitos de sus clientes. Inicialmente, esto no tendría que repercutir directamente sobre los usuarios de los bancos. Otra cosa es que estos luego traten de compensarlo a través de un aumento de sus comisiones de servicio. Y es lo que, según algunas fuentes bancarias, terminará sucediendo.

Los precedentes

Hay tres comunidades que hasta el año pasado tenían aprobado este tipo de impuestos: Canarias, Extremadura y Andalucía. Cataluña lo intentó, y luego otras más. Y ante ese guirigay, el Gobierno optó por cerrarle la puerta a todos: creó su propio impuesto estatal, fijado sorprendentemente en el 0 % (es decir, los bancos no pagaban nada). Evitaba una distorsión por comunidades, y respondía a las quejas que había expresado la patronal bancaria ante ese diferente criterio impositivo por territorios.

Con ese impuesto estatal (ahora en revisión), las comunidades se veían privadas de una nueva fuente de ingresos. En todo caso, el Ministerio de Hacienda decidió compensar a Canarias, Extremadura y Andalucía por suprimir su gravamen autonómico en vigor. Y terminó irritando a otras comunidades. Galicia, entre ellas. Porque aunque el resto de los territorios quisieran, no podían implantar algo parecido porque ya está regulado a nivel estatal.

Posteriormente, algunas sentencias judiciales han terminado dando la razón a quienes consideraban que este impuesto formaba parte de la capacidad normativa de cada comunidad. Por ello Cataluña decidió hace unas semanas aprobar en su Parlamento un impuesto propio con porcentajes de gravamen del 0,3 al 0,5 % del total de depósitos de los bancos y antiguas cajas que operan en su territorio.

La intención de la Generalitat es recaudar, según han publicado medios catalanes, unos 500 millones de euros, gravando al 0,3 % de media. Si en Galicia se hiciera algo parecido, los ingresos podrían rozar los 130 millones anuales. Sin embargo, si las tasas fueran las que quiere Madrid (del 0,02 al 0,03 %), esos ingresos serían más modestos, de 20 a 30 millones de euros. En el noroeste las entidades tienen unos 53.000 millones en depósitos de particulares y Administraciones.