Presentan una querella criminal contra la cúpula de las antiguas cajas y de NCG por las preferentes

El sindicato CIG le atribuye delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad en las cuentas anuales y administración fraudulenta


El sindicato CIG ha anunciado este lunes que presentará, previsiblemente esta misma semana, una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra las cúpulas de las antiguas cajas gallegas y la de NCG Banco por la comercialización de participaciones preferentes entre minoristas.

Los abogados que han preparado la querella han indicado que están identificadas 79 personas por el momento, entre las que se encuentran los antiguos directores generales de Caixa Galicia y Caixanova, José Luis Méndez y José Luis Pego, respectivamente, y los que eran presidentes de las cajas, Mauro Varela y Julio Fernández Gayoso. Entre los delitos que les atribuyen, figuran estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, estafa de inversores, falsedad de cuentas anuales, administración fraudulenta y desleal, abuso de información privilegiada y maquinación para alterar el precio de las cosas.

La querella se dirige, en concreto, contra los consejos de administración, las comisiones de control y los comités de dirección de las entidades desde 2003, fecha desde la que se comenzaron a emitir preferentes. También se incluye a la actual cúpula como «encubridores y receptadores», ha señalado uno de los abogados, Guillermo Presa. En este momento y a la espera que hacer efectiva la venta a Banesco, el banco está siendo gestionado por el FROB, que nombró como administrador al que era presidente de NCG, José María Castellano.

El motivo para que la CIG haya tomado la decisión de presentar la querella- a la que se suma uno de los portavoces de las plataformas de afectados, Xulio Ríos- es que considera que tiene «la responsabilidad como organización social de no permitir» que «se vayan de rositas» los responsables de «esta tremenda estafa», según ha dicho el secretario xeral del sindicato, Suso Seixo. Asimismo, ha destacado que han sido «muchos» los afectados, entre ellos afiliados de la CIG, y ha criticado que «quienes tendrían que promover» acciones por este motivo, que son la Xunta y el Gobierno, «no solo no lo hacen, sino que están impidiendo incluso buscar una solución». Seixo ha incidido en el coste económico que ha supuesto el rescate de la entidad, a la que se dieron ayudas por 9.000 millones de euros en total y cuya venta se producirá por 1.000 millones.

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