La Justicia desestima la demanda de los accionistas del Banco Gallego contra el FROB

Los denunciantes, grandes empresarios de la comunidad, exigían el fondo de rescate una compensación por perder sus acciones


Redacción / La Voz

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña sentenció ayer en contra de una veintena de accionistas del Banco Gallego, representantes de más del 20 % del capital de la entidad, que hace un año presentaron una demanda contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por la pérdida de toda su inversión. Ese roto se produjo tras una junta extraordinaria de accionistas en Santiago, en la que el FROB hizo valer su mayoría (ostentaba el 49 % del capital a través de Novagalicia Banco) para proceder a una operación acordeón. Es decir, reducir a cero todo el capital del banco para enjugar el agujero patrimonial del Gallego, de 270 millones de euros.

Tras aquella tensa junta, los perjudicados anunciaron una batería de denuncias; la primera ya tiene respuesta, y favorable al poderoso FROB, que tiene una normativa bastante favorable (le permite ejecutar acciones así por decreto). En todo caso, aún queda alguna otra denuncia en marcha, y la sentencia de ayer es recurrible.

El fallo firmado por la magistrada Nuria Fachal estima que este grupo de accionistas (entre ellos destacados inversores y empresarios de la comunidad) tenía que tener conocimiento de la «inviable situación» económica del banco, que le abocaba a la liquidación si no se cubría ese agujero; y también del propósito del FROB de vender el banco antes del 30 de abril, porque así constaba en la documentación de NCG (principal accionista) remitida por Bruselas tras el rescate bancario y hecha pública. «Causa estupor -dice el texto- que los aquí demandantes pretendan discutir la existencia de ese plan de resolución».

La jueza no toma en cuenta las principales alegaciones de los demandantes, como la falta de información o las dudas sobre el balance que presentaba el Gallego. Aseguran aquellos que había plusvalías latentes que no se computaron, y que el traspaso de activos inmobiliarios a la Sareb tendría que haber sumado positivamente a las cuentas del banco. No lo entiende así la jueza, que recuerda además que el balance fue aprobado por el 97 % de los accionistas, entre ellos algunos de los demandantes.

«No es suficiente alegar irregularidades, hay que acreditarlas», dice la jueza, que sostiene que ni el Estado ni el Sabadell (comprador del Gallego) se beneficiaron de aquella operación.

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