Las ayudas a la banca le cuestan 2.300 euros a cada ciudadano español

Solo tres de las 14 entidades rescatadas han devuelto parte de los fondos


Redacción / La Voz

Los cinco años de reestructuración financiera, proceso aún sin acabar, le han supuesto al Estado un desembolso notable de fondos que el Tribunal de Cuentas acaba de poner en claro. Desde que en marzo del 2009 el Banco de España habilitara 3.000 millones de euros tras intervenir Caja Castilla-La Mancha, hasta la venta del Banco Gallego (última operación cerrada con inyección de fondos públicos), la Administración ha puesto sobre la mesa casi 108.000 millones de euros, procedentes de tres fuentes diferentes: el Fondo de Garantía de Depósitos (32.000 millones), el Banco de España (casi 10.000), y el FROB (el grueso, 66.000), aunque este último gracias al rescate bancario que aportó la Comisión Europea (42.000 millones a devolver entre el 2022 y el 2027).

¿Es mucho o poco? Suponen algo más del 10 % del PIB español, en la línea de los rescates bancarios en otros países de Europa. Pero inyectados más tarde y en medio de un brutal recorte de servicios públicos. Esos 107.913.455.000 euros sumados por el Tribunal de Cuentas suponen más del doble de toda la economía gallega; o 12 veces el presupuesto anual de la Xunta. Aunque tal vez para advertir el agujero que deja el rescate bancario lo mejor es repartir ese dinero entre el número de españoles, 46,6 millones de habitantes. Y de esa división se concluye que para rescatar y reestructurar 14 entidades, cada ciudadano tendría que haber puesto más de 2.300 euros. En concreto, 2.315. Una nómina generosa.

Cinco casos principales

El grueso de esos fondos, algo más del 80 %, se lo han llevado un banco y cuatro antiguas cajas. Se trata, por orden, de la CAM (el caso más escandaloso), Bankia, Banco de Valencia, Catalunya Caixa y Novagalicia. De esos 2.300 euros por ciudadano, 1.800 se van a sufragar el rescate de estas entidades. No parece casual que en las tres mayores intervenciones figuren las entidades de la Comunidad Valenciana (Bancaja está dentro de Bankia), un territorio en el que se vieron con más nitidez los excesos de la burbuja inmobiliaria y del crédito fácil.

Los otros dos casos, el catalán y el gallego, son ejemplos del exceso de las cajas cuando iniciaron una expansión desmedida.

De esos cinco procesos, solo dos, los de Bankia y Novagalicia, han logrado reintegrar parte del rescate recibido. En el primer caso, el Estado ha conseguido algo más de 1.300 millones tras colocar en el mercado un 7,5 % de su participación. En NCG, la venta a Banesco permitirá recuperar 1.003 millones -que pagará en cuatro cuotas, hasta junio del 2018- de los más de 9.000 inyectados desde el 2010. Sin sumar la venta de Evo, su banco filial, que le reportó otros 60 millones.

El precedente de La Caixa

La tercera devolución de fondos la ejecutó Caixabank después de absorber Banca Cívica. Esta última recibió 977 millones para facilitar la fusión de tres cajas. Fue este el primer caso de devolución de dinero público en la actual reestructuración financiera. Lo reintegrado por esas tres entidades suma, en todo caso, 3.300 millones de euros. Parece poco si se mide sobre esos casi 108.000 millones. De hecho, si se hace la misma traslación al coste por ciudadano, la resta supondría que el coste per cápita pasaría de 2.315 euros a apenas 2.242.

El resto es dinero, por ahora, a fondo perdido. Como los mil millones que ha necesitado el Banco Gallego. Aunque es posible que algunos de los bancos que han sido reflotados con dinero público terminen devolviendo todo o parte de la factura. Es el caso de BMN o Liberbank, que siguen en solitario.

Destaca en ese informe el Tribunal de Cuentas los más de 520 millones bajo el epígrafe «otros conceptos no distribuibles entre entidades». Bajo ese paraguas está el pago de comisiones de apertura (200 millones), informes de terceros (15), dietas (6 más), gastos de asesoramiento (otros 3,3 millones), o el abono de intereses por el rescate financiero (10 más).

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