El acuerdo entre la Fiscalía y los acusados evita las penas de cárcel, pero no deja indiferente al sector
28 feb 2014 . Actualizado a las 07:00 h.«Que todo acabe así, en agua de borrajas, da rabia». Un profesional de la pesca mostraba así a La Voz su frustración por el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las defensas que evita la entrada en prisión de los siete acusados de emplear dinamita en la pesca de la sardina, los que figuraban en la llamada operación Abuelo desarrollada por la Guardia Civil.
Armadores de Portosín fueron de los más activos en la lucha contra estas malas artes y de hecho contribuyeron a identificar a las embarcaciones que esquilmaban a bombazos el medio de vida de miles de familias de pescadores de Galicia. Por eso, dicen, «non debería ser tan fácil eludir responsabilidades». En realidad no las eluden. Los acusados han reconocido los hechos que se les imputan y por eso han obtenido una rebaja importante de las penas, con lo que el acuerdo les permite evitar la prisión, ya que en virtud de ese pacto los acusados serán condenados a penas de dos años de cárcel, con lo que no tendrán que ingresar en prisión al carecer de antecedentes.
Atrás quedan meses de investigación de los agentes de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados, con miles de horas de grabaciones telefónicas, de entrevistas y de seguimientos que desembocaron en la última parte de la operación Abuelo, desarrollada el 22 de junio del 2010 en el puerto de Vigo. Un amplio operativo de la Guardia Civil terminó ese día con la detención de los acusados y con la incautación de 120 kilos de explosivos y decenas de detonadores y mechas. Los explosivos fueron localizados en un galpón del puerto, escondidos bajos unas redes de pesca. El material era llevado a los barcos en chalecos y en bolsas.
Dinamita en dos fincas
Los investigadores también hallaron en dos fincas de Sanxenxo decenas de kilos de dinamita, cientos de cartuchos y mil detonadores que estaban ocultos en un total de siete recipientes tipo garrafa.
El acuerdo pone fin a este caso que conmocionó al sector pesquero. Pero antes de este pacto, el fiscal David de la Fuente elaboró un duro escrito de acusación en el que pedía para cada uno de los acusados cinco años de prisión al considerarlos autores de sendos delitos de tenencia, tráfico y depósito de explosivos. A dos de ellos les añadía un delito contra la flora y la fauna, con una petición de tres años de cárcel que al final, con ese acuerdo, se ha quedado al margen.
El fiscal revela la existencia de un grupo de profesionales de la pesca «que adquirían, poseían y almacenaban diverso material explosivo -dinamita- con la finalidad de destinarlo a su empleo en la campaña de sardina de junio del 2010». Recordaba que esa práctica ilegal ponía «en riesgo la seguridad pública».
Traída desde Portugal
La Fiscalía consideraba que la dinamita era almacenada por los acusados para emplearla en la campaña de la sardina, y que la habían usado durante 14 años, entre 1996 y el 2010. Añadía que utilizando el explosivo capturaron 2.000 kilos de sardina los días 21 y 22 de junio del 2010 frente a las costas de A Guarda.
Más adelante, uno de los acusados fue sorprendido en Ponteareas vendiéndole a otro dinamita y detonadores. Los investigaciones consideraban, y así lo recogía el fiscal, que el vendedor adquiría la dinamita en Portugal y la vendía a armadores gallegos.