Fiscalía y defensas negocian una rebaja de las penas pedidas inicialmente
19 feb 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El juicio de la operación Abuelo, una de las mayores redadas contra el uso indiscriminado de dinamita en la pesca de sardina, se resolverá mediante un pacto. La Fiscalía de Pontevedra y las defensas de los acusados ya han negociado un acuerdo de conformidad que, en principio, permitirá una sustancial rebaja de las penas de prisión solicitadas inicialmente para los ocho acusados en este proceso.
Como contrapartida, tal y como se viene produciendo en este tipo de situaciones, los encausados que suscriban el acuerdo deberán confesarse autores de los cargos que se les imputan. De este modo, tal y como estaba previsto, el próximo martes, 25 de febrero, se llevará a cabo una vista oral, pero ya no para celebrar un juicio propiamente dicho. En su lugar, los acusados que hayan pactado con el ministerio público deberán ratificar ante los magistrados de la Sección Segunda que asumen los cargos por los que se les imputa, así como las penas que se les piden.
En este punto, y en su escrito de acusación, el ministerio mantiene que las investigaciones dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados sacaron a la luz «la existencia de un grupo de personas dedicadas profesionalmente a la pesca, que adquirían, poseían y almacenaban diverso material explosivo (dinamita) con la finalidad de destinarlo a su empleo en la campaña de la sardina de junio del 2010». Precisa, en este sentido, que los imputados carecían de autorización, ya que es «una práctica ilegal», al tiempo que ponían «en riesgo la seguridad pública».
En cuanto a la participación concreta de los acusados, el fiscal señala que José Jesús Deza Castro, armador del Playa de Portonovo, y el marinero Manuel Soto Freitas almacenaban en fincas de Sanxenxo un centenar de kilos de dinamita. El primero se expone a la mayor petición de pena, ya que a los cinco años que se solicitan por tenencia y tráfico de explosivos suma otros tres por un delito contra la flora y fauna.
Otros inculpados
De José Manuel López Puga y José Manuel Graña Acuña se afirma que concertaron, al menos, la compra de una decena de kilos de explosivo en Portugal, así como que el primero, además, se dedicaba a venderle la dinamita a armadores gallegos.
Entre los que utilizaban los explosivos se encontraba, siempre según el fiscal, el ex patrón mayor de Vigo, José Antonio Tizón Ferreira, y su hijo Diego Tizón Veiga. La lista de encausados se completa con Jesús Sobral Andreu y Jorge Sobral Cabaleiro, respectivamente, armador y patrón del pesquero Andreu III.