El juez sitúa a Gayoso y a un abogado al frente de los polémicos pagos en la caja

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acaba de emitir un auto que podría derivar en la apertura de juicio oral contra los directivos Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán y Javier García de Paredes, así como del abogado Ricardo Pradas en el caso de las millonarias indemnizaciones en Novacaixagalicia. El magistrado los acusa de delitos de apropiación indebida o, alternativamente, de estafa. En esta fase final de la instrucción no considera, sin embargo, que haya el de administración desleal, como desde un principio se señaló desde la Fiscalía Anticorrupción. Este cambio de acusación ha provocado sorpresa en medios jurídicos; tras casi dos años de investigación, no se había hablado de estafa.

En su auto, el juez sitúa a Fernández Gayoso y a Ricardo Pradas como personas clave para idear y llevar a cabo un plan que permitiera mejorar las condiciones contractuales de los directivos, y garantizar su futuro económico caso de abandono de la entidad, como sucedió. Se relata que, en el contexto del acuerdo de fusión entre Caixa Galicia y Caixanova, a mediados del 2010 hubo una reunión entre Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán (todos, altos cargos de Caixanova) «para preparar su previsible y futura salida de la entidad crediticia, y acordaron con el presidente [Gayoso] mejorar sus contratos, para lo cual contaron con la necesaria colaboración del abogado Ricardo Pradas, quien además era asesor de la caja desde hacía tiempo».

Gayoso firmó ese contrato con Pego el 20 de octubre del 2010. Y seguidamente este lo hizo con los otros dos directivos. La fusión con Caixa Galicia se cerró el 1 de diciembre, apenas un mes y medio después.

Considera el juez que todas las modificaciones fueron ocultadas primero al consejo de Caixanova, y luego al de Novacaixagalicia. Explica así que el 1 de diciembre del 2010, Gayoso, como copresidente de Novacaixagalicia, abusó de la confianza del consejo (era el primero de la caja fusionada), al que engañó al trasladarle que la nueva entidad se subrogaba a las obligaciones contractuales contraídas por Caixanova, dándole a entender que se trataban de los contratos antiguos.

¿Conchabeo?

En ese mismo consejo de diciembre, según explica el juez, se acuerda, a propuesta de Gayoso, que José Luis Pego suscriba un contrato de alta dirección con Javier García de Paredes «en las mismas condiciones» de las que ya disponían los tres altos directivos de Caixanova, ya que iba a ocupar el segundo puesto de la nueva entidad. Da a entender que, en ese momento, el que era primer directivo de Caixa Galicia, y que había sido elegido para llevar a cabo las negociaciones de fusión con Caixanova, estaba conchabado con Julio Fernández Gayoso y José Luis Pego. En las declaraciones posteriores ante el magistrado, los representantes del Banco de España sí indicaron que conocían este contrato y su dotación.

Hay otra fecha clave: agosto del 2011, cuando la caja está a punto de convertirse en banco. Ismael Moreno dice que «en ejecución del plan previamente concebido para preparar su salida de la entidad y con pleno conocimiento de que se iba a constituir en banco», ese mes el copresidente Gayoso lleva al abogado Pradas ante el consejo, donde explica «de manera abstracta» que algunos ejecutivos pueden optar por irse de la entidad en el momento que se convierta en banco y que, por lo tanto, es necesario provisionar la posible contingencia. Entiende el juez que en septiembre del 2011 Fernández Gayoso, «con plena ignorancia del consejo de la caja», aprobó y liquidó los importes a los desistimientos unilaterales de Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada.

En ese momento José María Castellano ya mantenía reuniones con los ejecutivos (iba a ser el presidente del nuevo banco) y había comunicado que no contaría con ninguno de los tres cuando formase el equipo de NCG, lo que ocurrió el 14 de septiembre del 2011. Recoge el auto que la orden de liquidación de Paredes la dio José María Castellano «en la creencia de que la misma se ajustaba a su legalidad».

De manera indirecta el juez apunta a que el consejo y el Banco de España conocían las liquidaciones y los importes, pero ese conocimiento se tuvo después de su abono.