Alerta de que el futuro de España no pasa por la precariedad laboral
10 feb 2014 . Actualizado a las 15:44 h.Joaquín Almunia (Bilbao, 1948) es uno de los políticos españoles más conocidos en la esfera internacional y, sin duda, el más influyente y temido por todos. En el 2010 cedió la cartera de Asuntos Económicos a Olli Rehn para convertirse en vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia. En su currículo destaca la multa histórica de 1.712 millones a seis bancos por manipular el mercado, pero también encontronazos con las autoridades españolas por asuntos como el tax lease. Instituciones, empresas, sindicatos... Ha sido capaz de poner a todos de acuerdo y todos, en su contra.
-¿Cuánto de verdad hay en el mensaje optimista lanzado desde Bruselas sobre la economía de España?
-En los últimos tiempos se están lanzando muchos mensajes optimistas, aunque a veces hay que moderarlos. Hay buenas razones para serlo: hemos dejado atrás la recesión; se ha estabilizado, que no reducido, el paro; el empleo se destruye a menor velocidad y estamos tocando fondo en el problema más duro y más serio: el sistema bancario afectado está reestructurándose con balances más sólidos.
-Pero el crédito sigue cayendo.
-Creo que este año se va a cambiar la tendencia y va a volver a fluir, que es probablemente algo que se pide con mayor angustia y con muy buenas razones al sector bancario después de haber recibido miles y miles de millones de apoyo público. Debe volver a su razón de ser, que es financiar la economía.
-Muchos dudan de que España pueda cumplir el déficit del 2,8 % en el 2016 y ajustar otros 37.000 millones. ¿Y usted?
-España está haciendo un esfuerzo muy importante. Es muy difícil ajustar un presupuesto en época de crisis, cuando todavía no hay crecimiento y cuando el nivel de deuda pública sigue aumentando. Y al no haber crecimiento más allá de unas décimas, los ingresos no fluyen de forma fácil. Hay que decir que queda mucho por hacer, que no se ha alcanzado el superávit primario y que hay una montaña de deuda que hay que absorber.
-¿Con quitas?
-Es un tema muy delicado del que no se puede hablar alegremente. Han surgido informaciones sobre si la actual legislación concursal española ayuda o crea obstáculos a empresas con niveles elevados de deuda. Pero si se facilita el desapalancamiento de empresas privadas, una parte de ese alivio se traslada en forma de dolor de cabeza a los balances de los bancos.
-¿Vislumbra cierto agotamiento reformista en el Gobierno, cada vez más influenciado por las generales del 2015?
-No soy el médico de España, que ha hecho muchas reformas pero todavía debe hacer muchas más. Es el gran reto de cara al futuro de cualquier país. Ya no se puede estar en la primera división mundial si no se tiene una permanente tensión reformista. Y no solo en lo económico. La crisis ha afectado seriamente a la cohesión social y ha aumentado de forma intolerable las desigualdades.
-Como exministro de Trabajo, ¿qué es lo primero que haría para reducir el paro?
-Primero, crecer durante años y a ritmo sostenido. Luego, saber cómo queremos crecer, pensar cuál es el entorno en el que actúan o pueden actuar los inversores. Y tercero, el futuro no está basado en empleos de baja calidad, de bajos niveles de productividad, con bajas remuneraciones y con una precariedad inaceptable, legado en parte por la burbuja inmobiliaria.
-¿Hay que impulsar esa segunda ronda de la reforma laboral que exige Bruselas?
-Hay que discutir en serio sobre el empleo, y hacerlo requiere analizar con rigor y serenidad si el mercado de trabajo puede funcionar mejor. Hay que pensar en casi todo y discutir sin prejuicios ni líneas rojas.
-¿Pensar por ejemplo en bajar un 10 % los salarios, como pide el FMI?
-Eso, con perdón, es una estupidez. ¡Que se los bajen ellos!
-¿Cómo se siente cuando desde España solo escucha reproches?
-Un comisario es europeo. Cuando se acepta ser miembro de la Comisión hay que prometer solemnemente que aquí no se está para recibir consignas de nuestro país de origen. No hay que renunciar a la identidad, pero aquí se está para servir el interés general europeo, para hacer respetar los tratados, y se sirve muy mal a la idea europea si solo se mira a un país de 28.
-¿Pero el hecho de evitar que lo acusen de favoritismo no le lleva a ser más duro de lo habitual con asuntos como las vacaciones fiscales vascas o el «tax lease»?
-No, no. No hay que ponerse nervioso ni ante los que dicen que se está favoreciendo a un país ni ante los que dicen que por ser de ese país se actúa de forma más dura.
-En relación al «tax lease» hay buenas palabras entre las Administraciones española y comunitaria, pero sin acuerdo.
-Ojalá hubiésemos llegado ya a un acuerdo sobre la metodología, pero creo que no estamos tan lejos. El cálculo lo debe hacer España, que es la que tiene los datos y la responsabilidad de estimar cuánto tienen que devolver los inversores que participaron en un mecanismo incompatible con las reglas comunitarias.
-Ya lo han hecho, 126 millones, y ustedes dicen no. ¿Cuál es su cifra?
-Si no sabemos cómo se calcula, sería absolutamente irresponsable decir una cifra. Para calcular caso a caso hay que acordar una metodología consistente acorde a la decisión que la Comisión tomó en julio.