La Fiscalía pide que se sobresea la causa contra 4 consejeros de Novacaixagalicia

Sofía Vázquez
sofía vázquez REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

La decisión está en manos del juez Ismael Moreno

24 ene 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

Las fiscales de la Audiencia Nacional que llevan el caso de las indemnizaciones millonarias de Novacaixagalicia acaban de solicitar al juez Ismael Moreno que sobresea la causa contra cuatro miembros de la comisión de retribuciones de la institución que fueron imputados a principios del mes de noviembre.

Se trata de Mauro Varela, copresidente de Novacaixagalicia; Salvador Fernández Moreda, expresidente de la Diputación de A Coruña; Pilar Cibrán y Alfonso Zulueta de Haz. Todos ellos están pendientes ahora de la decisión definitiva que adopte el juez que lleva el caso y ante el que declararon en la última semana de noviembre.

En un primer momento, las fiscalas Pilar Melero y Concepción Nicolás apuntaron que la comisión a la que pertenecían los cuatro imputados era el órgano encargado de dar a conocer y abordar todas las retribuciones, por lo que entendían que podían ser autores necesarios. Sin embargo, en su declaración ante el juez, rechazaron cualquier responsabilidad. Varios fueron los motivos alegados, pero el principal se refería a que la comisión a la que pertenecían solo podía informar, pero nunca aprobar los contratos. En su declaración, Salvador Fernández Moreda rechazó cualquier responsabilidad y explicó que los contratos no eran nuevos, ya que el más reciente era del 2005. La caja fusionada, explicó entonces, solo se subrogó a las obligaciones contraídas.

Las defensas de los cuatro imputados destacaron ante el juez que la comisión de retribuciones y nombramientos no podía aprobar nada, solo informar y trasladar su parecer al consejo.

A lo largo de su declaración, según informaron en su día fuentes jurídicas, los cuatro encausados reconocieron que sí se había llevado el asunto a la comisión, pero que no conocían el detalle de los contratos, y no se plantearon nunca que hubiera nada ilegal, dados los informes técnicos que habían recibido. A través de esta declaración, insistieron en que la comisión de retribuciones era un órgano meramente consultivo pero no ejecutivo.

A la comisión de retribuciones también pertenecía Julio Fernández Gayoso, que sigue encausado. Solo el secretario no fue llamado a declarar por cuanto no tenía capacidad ejecutiva.