El reparto de la PAC vuelve a discriminar a Galicia en las ayudas directas

Mario Beramendi Álvarez
Mario Beramendi SANTIAGO / LA VOZ

ECONOMÍA

Recibirá el 3 % de los fondos del Estado cuando tiene el 16 % de los afiliados

23 ene 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

Los criterios de reparto de fondos de la nueva política agraria común (PAC), decididos por vez primera entre el Estado y las comunidades, vuelven a consolidar un modelo de derechos históricos en el que Galicia sale perjudicada. Una discriminación que se refiere, exclusivamente, al primer pilar, que otorga las llamadas ayudas directas a las explotaciones y que absorbe el 80 % del presupuesto con que contará España en el período 2014 -2020. Como dato positivo, cabe reseñar que Galicia, con 168 millones cada año, conserva en tiempos de crisis y recortes presupuestarios los fondos que venía recibiendo, tal y como destaca con exactitud Rosa Quintana, conselleira de Medio Rural. Pero más allá del debate político, de las discrepancias entre el Gobierno gallego y algunas organizaciones, hay datos que conviene contraponer.

Con 31.000 personas afiliadas al régimen agrario, según los registros de la Seguridad Social, Galicia ostenta al 16 % de agricultores y ganaderos de todo el Estado. Sin embargo, los 168 millones de ayudas directas a las explotaciones representan apenas el 3 % de lo que el ministerio dirigido por Miguel Arias Cañete va a repartir en todo el Estado. Un problema no atribuible en exclusiva al actual Gobierno del PP, sino que se arrastra desde el ingreso de España en Europa y que viene consolidándose desde hace tiempo. La gran diferencia es que en esta ocasión, por primera vez, Bruselas ha otorgado a los Estados miembros libertad para manejar sus fondos. Mientras Francia ha optado por hacer borrón y cuenta nueva y priorizar sus sectores más castigados -como el ganadero- en España se ha mantenido el viejo modelo y se ha perdido una oportunidad de corregir los agravios.

Galicia sale muy airosa, en cambio, en el segundo pilar, destinado a potenciar el desarrollo rural. Mientras que en el primero percibirá el 3 % de las ayudas, en este logrará el 11 %. Una cantidad cercana a los 880 millones de euros hasta el año 2020. Esto es lo que ha generado, en gran parte, las quejas de comunidades como Andalucía. Un balance exitoso que sí podría apuntarse a las negociaciones mantenidas por la Xunta en Madrid.

Ayudas fuera del campo

La gran diferencia es que en el primer pilar las ayudas las cobran directamente los agricultores y ganaderos. En el segundo pilar, pensado para dinamizar las áreas rurales, acceden no solo agricultores o ganaderos, sino empresarios, Administraciones locales y otras entidades. Aquí entra desde prevención de incendios hasta piscinas, canchas de pádel, turismo rural, arreglo de pistas e incluso tanatorios. Una línea de inversión que ha criticado recientemente Rosa Quintana, quien apuesta por otro tipo de inversiones más pensadas para el desarrollo rural.