La UE desmiente al Gobierno y niega una consulta formal sobre el dique

B. C. FERROL / LA VOZ

ECONOMÍA

Se trata de una demanda de los operarios de Navantia, ya que su construcción reportaría dos años de trabajo para unos 900 empleados e incrementaría sus capacidades en las reparaciones

15 ene 2014 . Actualizado a las 16:40 h.

El comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, acaba de desmentir al Gobierno español con respecto al proyecto del dique flotante que se demanda para los astilleros públicos de Navantia de la ría de Ferrol. En una respuesta al europarlamentario socialista Antolín Sánchez Presedo fechada el pasado día 10, asegura que «mediante carta de fecha de 10 de julio del 2013, las autoridades españolas remitieron una consulta informal en relación con el proyecto de construcción por Navantia de un dique flotante en Ferrol», lo que tira por tierra la tesis que ha mantenido hasta ahora la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dueña de las factorías públicas, y también la Xunta de Galicia. Ambas Administraciones habían asegurado que se trataba de una consulta formal.

En una respuesta del Gobierno central a la parlamentaria socialista Paloma Rodríguez del pasado 21 de octubre, Madrid afirmó textualmente: «La consulta formal remitida a las autoridades comunitarias contiene el conjunto de elementos necesarios para la valoración del expediente, que incluyen una detalla descripción del proyecto de construcción del dique flotante en los astilleros de Navantia de Ferrol-Fene, así como un análisis de viabilidad económica y un calendario de actuaciones».

El dique flotante es una demanda de los operarios de Navantia, ya que su construcción reportaría dos años de trabajo para unos 900 empleados, además de incrementar las capacidades de la división de reparaciones. La SEPI quiso zanjar la comisión que había impulsado asegurando que tras realizar una consulta informal a Bruselas, esta había tumbado el proyecto. Debido a la presión política y sindical en Ferrolterra, se comprometió a presentar una consulta formal, que dijo haber hecho en julio.

Bruselas sostiene que pidió información adicional a España, que aún no ha aportado.