Monte gallego: ¿20 años perdidos?

Mario Beramendi Álvarez
mario beramendi SANTIAGO / LA VOZ

ECONOMÍA

La idea de retomar el Plan Forestal de 1992 constata el error de un país que ha gastado mucho más en apagar fuegos que en ordenar el bosque

14 ene 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

Con la perspectiva que otorga el tiempo, podría concluirse, sin mucho margen de error, que Galicia ha fracasado en su política forestal. Con recursos naturales para ser una potencia, la comunidad infrautiliza gran parte de su superficie para generar riqueza industrial. Hay quien puede creer que al país le ha faltado criterio para definir una estrategia. Pero no es cierto. La partitura estaba escrita. Pero no se ha cumplido. La intención de la Xunta de rescatar el Plan Forestal de Galicia (PFG), aprobado en el Parlamento gallego en 1992 por unanimidad de todos los grupos, supone reconocer que, en algunas cuestiones, se han perdido más de dos décadas: 13 años son atribuibles a Fraga, 4 al bipartito y cinco a Feijoo, cuyo Gobierno se afana ahora en volver sobre un modelo surgido entonces de un consenso y de la altura de miras para modernizar un sector estratégico para Galicia.

¿Qué pretendía aquel gran acuerdo de hace dos decenios?

Con una vigencia proyectada entonces para 40 años, es decir, con visión a largo plazo y con un horizonte fijado para el 2032, el plan preveía para el sector forestal una inversión anual equivalente al 3 % del presupuesto autonómico. El objetivo prioritario era dotar de competitividad al monte gallego y convertirlo en un recurso estratégico para el desarrollo de las comarcas. El monte que produce madera a mayor escala es rentable, fija población rural y tiene menor riesgo de incendio.

¿En qué se ha incumplido el plan?

En ninguno de los muchos años que han pasado desde que entró en vigor el plan se ha superado una inversión anual en el sector forestal que superase el 1,5 % del presupuesto autonómico. Además de invertir anualmente la mitad de lo que preveía el acuerdo, la gran parte de los recursos no han ido a modificar la estructura de propiedad de la tierra -de forma que se rompiera el minifundio y se mejorase la rentabilidad del monte - sino a apagar fuegos. Hace ahora cuatro años, en enero del 2010, la industria forestal manejaba datos demoledores: las diferencias anuales entre las ejecuciones presupuestarias y las previsiones del PFG oscilaban entre los 36 y los 52 millones, es decir, que el déficit de inversión productiva en el monte supera los 600 millones de euros. La brusca caída de ingresos que ha propiciado la mayor crisis económica de la democracia ha agravado el incumplimiento de lo previsto en el PFG.

¿Cuál es el resultado de esta dinámica?

Con matices puede decirse que estamos igual que hace 20 años. Unas 700.000 hectáreas deficientemente arboladas, de las que 350.000 serían susceptibles de una reforestación. Un estado de abandono que supone un riesgo medioambiental, como demuestran los recurrentes incendios de cada verano, pero que afecta a toda la economía del medio rural. El expresidente de la Xunta y economista Fernando González Laxe recuerda que un tercio del bosque gallego, es decir, un 33 %, es improductivo, un porcentaje muy superior al que se registra en otros países, como es el caso de Finlandia (12 %), Austria (14 %), Suecia (18 %) o Estados Unidos (21 %). Los datos de la Asociación Nacional de Viveros Forestales de Galicia muestran que, solo durante los últimos cuatro años, se han dejado de plantar 8.500 hectáreas por falta de inversión pública.

¿Por qué es clave la reforestación?

La falta de producción forestal, consecuencia de una estructura minifundista de la propiedad que hace poco rentable cortar madera a pequeña escala, está hipotecando la viabilidad futura de las industrias. Tanto en el primer eslabón de la cadena, como es el caso de los aserraderos, el tablero o la pasta, como en el segundo, donde opera el sector del mueble. En Galicia hay 700.000 propietarios de monte, de los que solo 100.000 cortan madera con regularidad. Y esto afecta a toda la cadena de valor: no se pueden incrementar las cortas en el futuro y la madera que se oferta en origen es cara por los altos costes de las explotaciones, lo que obliga a las industrias a traer de fuera una materia prima que podrían suministrarle los habitantes del rural gallego, azotado ahora por la despoblación y la crisis de rentabilidad de las actividades agroganaderas tradicionales.

¿Debe fiarse todo al sector público?

No, y menos en tiempos de crisis y restricción presupuestaria. Pero está llamado a jugar un papel dinamizador irreemplazable, tal y como sucede en otros países. Las iniciativas impulsadas en los últimos años para agrupar parcelas y hacerlas rentables no han arrojado resultados alentadores. Ni las Unidades de Xestión Forestal (Uxfor) del bipartito ni las Sociedades de Fomento Forestal (Sofor) de la Xunta de Feijoo. Un modelo, este último, pensado para atraer inversores privados al monte.

¿Por qué es estratégico el sector forestal?

El pasado 9 de enero, durante el Consello de la Xunta, el propio presidente gallego se refirió a la importancia de un sector que cuenta con 3.000 empresas, que mueven una facturación superior a los 1.700 millones de euros anuales y que generan, en el medio rural, 20.000 puestos de trabajo directos. El monte sigue siendo también un recurso muy valioso para muchas familias. Durante el año 2012, las ventas de madera efectuadas por 54.200 propietarios movieron 250 millones de euros.

¿Qué es lo que hay en juego?

Mucho. Confemadera, la asociación que agrupa en Galicia a las empresas del sector forestal, advierte de que, de continuar el actual escenario de falta de inversión pública y privada, la economía vinculada al monte podría perder unos 5.000 puestos de trabajo directos durante la próxima década. Es decir, destruir la cuarta parte del empleo que genera ahora.