El antiguo tax lease español permitía reducir entre un 20 y un 30 % el coste para la compra de un buque a través de un complicado sistema de creación de sociedades y de desgravaciones fiscales para los inversores que participaban en la operación.
La mayor parte de la reducción del precio del buque, entre un 85 o 90 %, se repercutía en la naviera compradora, y el resto entre los inversores de las agrupaciones de interés económico creadas con ese cometido. En realidad, lo que se cubría financieramente era la diferencia entre lo que costaba construir el buque en el astillero y el precio que estaba dispuesto a pagar el armador. Cada ayuda, de forma individualizada, era aprobada por los ministerios de Industria y Hacienda. El problema es que este sistema resultaba muy atractivo para los armadores y suscitó recelos entre la competencia, que acabó denunciándolo ante la Comisión Europea.
El 20 de noviembre del 2012, Bruselas autorizó un nuevo tax lease, menos atractivo fiscalmente para los estructuradores y entidades financieras, que hasta la fecha solo ha permitido cerrar dos contratos al astillero vasco Balenciaga, financiados a través de Bankinter.