Los que lo perciben bordean el umbral de pobreza. La cuantía se aleja de la media europea
05 ene 2014 . Actualizado a las 17:07 h.El salario mínimo en España bordea el umbral de pobreza. El salario mínimo interprofesional (SMI) ha sido históricamente bajo en España y coloca a las personas que lo cobran en una situación de precariedad que las aproxima al umbral de pobreza.
El Instituto Nacional de Estadística define el umbral de pobreza en términos relativos, utilizando la metodología común de Eurostat: están en riesgo de pobreza las personas que tienen unos ingresos netos por debajo del 60 % de la media de los ingresos del conjunto del país. En España, el INE define el umbral de pobreza en 7.355 euros anuales para un hogar con un adulto y en 11.032 si conviven dos personas.
Como el salario mínimo neto es de 8.460 euros al año, una persona que lo cobre y viva sola está solo un poco por encima del umbral. Pero si convive con otra persona sin ingresos ya se colocan por debajo.
Más allá de la estadística, la realidad que nos rodea evidencia que es imposible vivir con dignidad cobrando el salario mínimo. En España, una persona con unos ingresos de 8.460 euros no puede vivir dignamente: no puede ser independiente, pagar un alquiler y los gastos corrientes de la vivienda, alimentarse, pagar el transporte o el teléfono, es decir, cubrir el mínimo vital. La baja cuantía del SMI condena a la persona que lo cobre a ser una trabajadora o trabajador pobre, sin posibilidad de desarrollar una vida digna en el aspecto material.
La relevancia del salario mínimo. La importancia del SMI va mucho más allá del número oficial de personas que lo cobran, porque es una referencia (el suelo) en la negociación de muchos convenios colectivos, en especial de los sectores más precarizados y con mayores dificultades de negociación. Y, sobre todo, es la red de protección de las personas asalariadas que no están amparadas por un convenio colectivo.
Más allá de su relevancia cuantitativa, el SMI tiene un papel fundamental como referencia en la negociación colectiva en los sectores más precarizados. Por eso es precisamente ahora, después de la reforma laboral, ante la devaluación salarial y el deterioro de la negociación colectiva, cuando tiene más valor.
En una situación normalizada, con una negociación colectiva con cobertura generalizada y con salarios mínimos de sector, el SMI es una referencia lejana. Pero en una situación de deterioro, con numerosos descuelgues de convenios, con la eliminación de la ultraactividad, con el decaimiento de muchos convenios, con el dumping salarial en algunos sectores de servicios, el SMI se convierte en la última barrera a la devaluación salarial. Casi se podría decir que, en los próximos años, la fijación del SMI es el convenio más importante que han de negociar los sindicatos.
Una prueba definitiva del carácter estratégico del SMI en situaciones en que avanza la desregulación en las relaciones y en las normas laborales es la negociación entre la SPD y la CDU para formar gobierno en Alemania.
En Alemania no había un salario mínimo regulado por la ley, posiblemente porque no lo necesitaban. La negociación colectiva cubría en el pasado reciente a una gran mayoría de los trabajadores, estableciendo salarios dignos en las empresas y en los sectores.
Pero el enorme deterioro del mercado de trabajo alemán provocado por la Agenda 2010 ha cambiado la situación: lo que ayer no hacía falta, hoy es imprescindible. Y por eso la socialdemocracia alemana, recogiendo la demanda de los sindicatos, ha condicionado el pacto de gobierno al establecimiento de un salario mínimo de 8,50 euros por hora de trabajo, que en jornada completa supone cerca de 1.500 euros mensuales.
El salario mínimo español es muy bajo en términos comparados. España es la quinta economía de la UE y la cuarta de la zona euro, con un peso económico y empresarial significativo. En sectores de actividad relevantes, como las telecomunicaciones, la banca, la construcción o la gestión de infraestructuras, las grandes multinacionales españolas están en los primeros puestos del ránking europeo. Pero no en la cuantía del salario mínimo interprofesional, porque en la UE estamos en los últimos lugares entre los países que tienen fijada la retribución mínima por ley.
Los datos de Eurostat para el 2013 nos colocan, de los nueve países de la UE-15 que tienen SMI, solo por delante de Portugal y Grecia y muy alejados de los países centrales.
Los 753 euros al mes en doce pagas, con el prorrateo de las dos extraordinarias, solo están un poco por encima de Grecia y de Portugal; pero nos dejan a considerable distancia de los países con un desarrollo económico más próximo al nuestro.
Excluida la comparación con el poco representativo de Luxemburgo, el SMI español es la mitad del de Bélgica, Holanda e Irlanda. Y casi un 60?% inferior al del Reino Unido.
La Carta Social Europea y el SMI. La Carta Social Europea, una declaración que compromete a los gobiernos firmantes, establece desde 1961 los derechos sociales y laborales de la ciudadanía europea. En la parte I y en el epígrafe 4, la Carta Social reconoce que «todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso».
Según la encuesta trimestral de coste laboral (ETCL) elaborada por el INE, en el primer semestre del 2013, el salario bruto medio fue de 2.181 euros en doce pagas, esto es, 26.000 euros año. Para este salario se puede estimar un tipo de retención del IRPF del 17?% y un 6,35?% de cotización a la Seguridad Social, con lo que el salario neto se queda en 1.672 euros al mes en doce pagas. Esta es la cifra que, siguiendo el criterio de la Carta Social Europea y del Consejo de Europa, hay que utilizar como referencia para fijar un salario mínimo justo. Si el umbral es el 60?% del salario medio neto, en el 2013 tendría que alcanzar los 1.003 euros netos en doce pagas; expresado en catorce pagas para facilitar la comparación, serían 860 euros mensuales.
La fijación del salario mínimo. Fijar la cuantía del SMI es una prerrogativa del Gobierno, pero la ley establece algunas condiciones tanto sobre el proceso de toma de decisión como sobre los condicionantes objetivos que ha de tener en cuenta para hacerlo. Con respecto al proceso, el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores señala la obligatoriedad de realizar consultas previas a su fijación con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas.
En relación con los condicionantes de la decisión, el mismo artículo 27 establece que el Gobierno debe tener en cuenta para establecer la cuantía anual del SMI las siguientes variables:
1. El índice de precios al consumo.
2. la productividad media nacional alcanzada.
3. El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional.
4. la coyuntura económica general.
Por lo tanto, cuando el Gobierno estableció el SMI para el año 2014 debería haber tenido en cuenta estas variables y conocer su evolución en los últimos años. La decisión de cuanto subir el SMI no puede ser unilateral y arbitraria del Gobierno, sino que debe respetar lo que establece la norma legal vigente, el Estatuto de los Trabajadores. En síntesis, las variables que hay que tener en cuenta son las siguientes:
-El SMI de España es uno de los más bajos entre los países de la UE-15.
-El SMI de España incumple la Carta Social Europea porque está en el 40 % del salario medio neto.
-El SMI ha perdido más de 5 puntos de poder adquisitivo en los últimos cuatro años.
-La productividad del trabajo ha crecido el 13 % en cinco años.
-La participación de las rentas salariales en la renta nacional ha caído 4 puntos en los cuatro últimos años.
- El consumo de los hogares se ha reducido el 10 % desde el año 2008, lo que acarrea una aguda contracción de la demanda interna y en convenios del PIB.
Una propuesta razonada sobre la cuantía y el necesario incremento del SMI tiene que partir de estos factores, con una idea central: para salir de la crisis es necesario acabar ya con la devaluación salarial y sustituirla por un crecimiento real y responsable de los salarios que, sin distorsionar la competitividad exterior de la economía, potencie la demanda interna y el crecimiento.