La empresa ha acudido al arbitraje internacional para paliar el sobrecoste
03 ene 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El ultimátum que la empresa Sacyr y sus socios en el consorcio han dado a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para que asuma los sobrecostes del proyecto (1.188 millones de euros), que achaca a «circunstancias sobrevenidas» y a «incumplimientos graves» imputables a la entidad que gestiona la infraestructura ha causado tanto ruido en ambos lados del Atlántico como la detonación que en septiembre del 2007 marcó el inicio de la ampliación del atajo marítimo. Hasta el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, anunció ayer que viajará a España e Italia con un séquito de ministros y funcionarios del Canal «para exigir a sus Gobiernos» que se cumpla el contrato de las obras de ampliación. Sacyr, que forma con la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa el Consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) que se adjudicó el contrato, envió ayer una información relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que comunica su intención de paralizar los trabajos el 21 de enero si la Autoridad del Canal no se aviene a un acuerdo para poner fin «al actual desequilibrio contractual». Y señala que GUPC ha presentado varias reclamaciones, incluso ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), para que se cubra ese desfase.
Claro que el afán clarificador del que Sacyr hizo gala ayer no lo tenía hace menos de un mes, pues, según distintos medios, en otra comunicación al regulador no solo ocultó sus problemas con el administrador del Canal, sino que dio por hecho que se atenderían sus reclamaciones (computó como ingresos 487 millones de euros que pedía) y, además, aseguró que las obras marchaban según lo previsto.
«Oferta temeraria»
En la vertiente política del caso, mientras PSOE y PP confían en que Sacyr y la autoridad panameña lleguen a un «acuerdo favorable», Izquierda Unida, por voz de su diputado Gaspar Llamazares, cargó contra Sacyr y su «oferta temeraria» para conseguir el contrato que hace flaco favor a la marca España al poner en riesgo la credibilidad del país. Ocurre que la figura de la baja temeraria no existe en Panamá. De otra forma es posible que no hubiese adjudicado el contrato a un consorcio que se ofrecía a construir el tercer juego de esclusas por 2.280 millones de euros, un precio menor incluso que el de licitación (2.545 millones). El hecho es que en España es habitual que se presenten ofertas muy bajas que luego son corregidas facturando al cliente los sobrecostos. Es una práctica que, según Llamazares, se convirtió en norma durante los años de burbuja inmobiliaria y que no se entiende en el extranjero. Ni en Panamá, ni en Estados Unidos, pues en los papeles de Wikileaks que publicó y retomó anteayer El País, Bechtel, la principal rival de Sacyr en el concurso, sostenía ya en el 2009 que esa cifra no daba ni para poner el hormigón. Quizás ahora lo entienda, tras reclamar Sacyr un sobrecoste que casi alcanza el 50 % de lo que había presupuestado.